Ya estoy harto de los impedimentos legales para que los restos del dictador salgan de Cuelgamuros y se les encuentre acomodo más digno que una cuneta. La familia, tal y como ese término se usa en Nápoles y Sicilia, quiere que sigan venerándose a costa del erario público en las afueras de Madrid. El gobierno ha acordado la exhumación y ahora tiene turno de réplica la saga del difunto; si al final no hacen ninguna propuesta responsable, me atrevo a proponer dos lugares que seguro serían de su agrado; a saber, uno podría ser levantar un panteón en las Chafarinas para recordar su paso por el estrecho, cuando emprendía su golpe de estado volando en el Dragon Rapide hasta Tetuán y desde allí organizaba el puente aéreo a la península. Si esto fracasase, algo inconcebible, la otra opción sería el islote Perejil, magistralmente reconquistado por el entonces ministro Trillo-Figueroa. No sé si allí cabría un panteón al uso, pero una sepultura decente con la lápida original seguro que tendría espacio entre las cabras. Queda un detalle, la familia dispondría de un fácil acceso para reponer las flores y demás cultos; propongo la reforma del plan de urbanismo de la administración que corresponda para que todos los descendientes se instalen cómodamente en las islas Alhucemas o en cualquier otro de los paraísos naturales ya nombrados, con un transporte marítimo interinsular al módico precio de Baleares o Canarias.
Siguiendo con asuntos habitacionales, recuerdo que los maestros, cuando pasaban más hambre que un maestro de escuela, estaban obligados a residir en la localidad de destino y el ayuntamiento colaboraba a su alojamiento, podría ser la planta alta de la escuela unitaria, si era habitable, o alquilar una habitación en la casa de cualquier lugareño; si era el caso, percibía en sus haberes una pequeña ayuda económica para sostener su manutención. Por lo que sé ese concepto retributivo siguió vigente, en una cuantía aproximada de 50 pesetas, hasta los primeros años 80. Toda una anomalía que sorprendía a los maestros recién ingresados al no entender ese ínfimo aguinaldo todos los meses.
Pero el concepto ha vuelto a estar de actualidad con la solución habitacional del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ourense, que desde 2004 disfruta de un piso de 200 m² (950 más gastos de luz, agua, calefacción..) a cargo de la Xunta de Galicia.
Si bien es cierto que ésta dio por resuelto el contrato de arrendamiento en 2016, se da la circunstancia de que el dueño de la vivienda demanda ante los tribunales el pago del alquiler porque nadie se lo abona, ni la Xunta ni el ocupante, que sigue disfrutando gratis de los gastos domésticos.
El coste de la vivienda está por la nubes, pobre fiscal jefe, un alto funcionario que no percibe ni las 50 pesetas de la casa-habitación.
