En las elecciones del 28-A nos jugamos más de lo que se presupone o nos anuncian los líderes políticos, cuyas ofertas son tan frágiles como la moda dermoestética. Las propuestas imposibles, en algunos casos, son una falta de respeto a los votantes y a la veracidad que debiera rodear al electoralismo. Los "viernes sociales" ya superan los 3.000 millones de euros frente a los 1.130 previstos, a los que hay que añadir la "barra libre" a los municipios de esta ola populista, porque los partidos son conscientes de que sus discursos no surtirán un gran efecto y sus programas ofrecidos no se leen o, finalmente, de modo descarado, no se cumplen. En ambiente semejante, puede resultar más rentable parecer juicioso, inteligente y honesto que serlo realmente. Todos suelen utilizar, de modo sibilino y subliminal, los recursos a su alcance. Nos asalta la duda, ¿a quién votar? Los futuros gobernantes no saldrán todos de las listas electorales, quien los decide es el sanedrín partidario. Unos y otros, pasarán a formar parte del guiñol de la política, manejado a su antojo por la cúpula de la organización. Se nos ha hecho creer que todo lo resolverá el Estado, el erario público, sin contar que la paga nuestro dinero. El arte de disimular es difícil de aceptar, ya no soporta la agudeza del ciudadano; el principal temor es que se descomponga la armadura económica o si los servidores que la utilizan son políticos de palabra estevada.

Una vez más se cumplirá esa norma no escrita en la vida pública de no patrocinar proyectos o iniciativas de los adversarios políticos. El Ministerio de Fomento parece cumplirlo con el Plan Director del Corredor Atlántico, que afecta a Galicia, Asturias y Castilla y León, en su futura red de infraestructuras y enlaces con el resto de Europa. Anotamos que Galicia y Castilla y León están gobernadas por el Partido Popular, Asturias por el PSOE, cuyo presidente Javier Fernández lo fue de la gestora del PSOE que exoneró, en su día, a Pedro sánchez de la Secretaría General socialista.