Sostenía recientemente en El País el profesor Aja, experto en derecho autonómico que elaboró en 2017 junto con otros, los más en la órbita del PSOE, el documento Ideas para una Reforma de la CE coordinados por el presidente de la RAE, Muñoz Machado, que el sistema autonómico no funciona porque se pensó para un bipartidismo imperfecto con dos grandes alternándose en el gobierno y dos nacionalistas ayudando a la estabilidad, pero hoy con un pentapartidismo imperfecto no se aprueban leyes, ni presupuestos, ni se hacen coaliciones de gobierno, ni pactos de investidura. Hay, dice, 17 sistemas competenciales, no hay colaboración entre las comunidades y el Senado no contribuye a ella. Hay que ajustar las piezas del sistema mirando a países federales como USA, Alemania, Austria o Suiza y aplicar el principio de lealtad federal entre los miembros del Estado. No hay otra salida que reformar la CE y una solución seria para Cataluña ha de ser aceptada por todos. Y finaliza, no hay que utilizar el 155 salvo en situaciones excepcionales. Modestamente, discrepo en casi todo, salvo en esto último, por eso celebré la decisión de Rajoy como supongo que lo celebró el experto.

Es obligado distinguir. El sistema autonómico funciona con regularidad, no libre de defectos a mi juicio, donde no hay o no gobierna el nacionalismo y funciona mal o no funciona donde los gobiernos nacionalistas forzaron sus fundamentos, sus mecanismos y sus contenidos, lo cual es ajeno al pentapartidismo porque hasta ocho partidos apoyaron la investidura de Sánchez y los decretos leyes de estos días. No radica ahí la disfunción autonómica sino en la pretensión nacionalista de descoyuntar el modelo, amparados en el disparate de que su derecho al autogobierno no tiene límites y en el discurso de la negación de España como nación. Ellos promovieron las alteraciones políticas más graves del sistema autonómico en esas comunidades, y a ellos hay que exigir, señalándolos, lealtad constitucional. Cierto es que, con la complicidad de los dos grandes y el aval del TC, las comunidades ampliaron competencias en materias exclusivas del Estado y que la interpretación jurisprudencial de la CE y los EA ha alterado el modelo inicial en política lingüística, derechos fundamentales, relaciones exteriores, enseñanza, sanidad, justicia y otras materias, contribuyendo al galimatías de hoy en lo atinente a la distribución competencial entre el Estado y cada una de las 17 comunidades y al aumento de la conflictividad al respecto. Se comprende que muchos ciudadanos no perciban la igualdad de los españoles, artículos 14 y 139 de la CE, en el panorama autonómico actual y algo habrán tenido que ver en ello el TC y los dos grandes, únicos hasta hace poco. Pero, en todo caso se trata, a mi juicio, de disfunciones subsanables, no de los excesos irreparables que buscan los nacionalismos en cuyo caso de poco sirven los ejemplos de USA, Alemania, Austria, Suiza donde no hay partidos independentistas. Y, en fin, no poca responsabilidad en los excesos cabe a los académicos que los estimularon. Vean, entre muchos, a Pi i Sunyer, constitucionalista ilustre, nueve años magistrado del TC y tres vicepresidente, que salta, tras la sentencia del TC de 2010 sobre el EA de Cataluña, a la dirección jurídica del procés.

Los desajustes del sistema, los hay en todo Estado federal, son subsanables sin necesidad de reformar la CE para acomodar a Cataluña aumentando su autogobierno, y para adelgazar más el Estado en las comunidades con gobiernos desleales. Bastaría con que los independentistas y la izquierda rectificasen su acción y su discurso.