01 de mayo de 2019
01.05.2019
La Opinión de A Coruña
inventario de perplejidades

Promesas a los trabajadores

30.04.2019 | 23:04

La celebración del Primero de Mayo (fiesta internacional del trabajo en todo el mundo, exceptuados Estados Unidos y Canadá) nos ha de servir este año para solidarizarnos, una vez más, con los empleados de Alcoa, que luchan por la continuidad de sus factorías en A Coruña y Avilés. El Gobierno presidido por Pedro Sánchez se comprometió a solucionar el problema antes de la celebración de las elecciones generales y ahora que los votos lo han situado como principal candidato a renovar el cargo para los próximos cuatro años, parecería inconcebible que dejase de cumplir esa promesa. Todos sabemos que un Gobierno social-liberal, como el del señor Sánchez, (y menos aún sin gozar de mayoría absoluta en el Parlamento) nunca se atrevería a nacionalizar la empresa. Pero nada le impide en cambio ayudar a encontrar una entidad solvente que se haga cargo de la misma, una vez la multinacional norteamericana que detenta la mayoría del accionariado se marche con viento fresco. Esa posición ya la había dejado muy clara la ministra de Trabajo, Magdalena Valero, el otoño pasado. "No estamos „dijo„ en una economía estatalizada como para intervenir la empresa, no estamos en un régimen comunista". Las declaraciones de la ministra fueron rebatidas por los representantes de los trabajadores que le recordaron a la señora Valerio el artículo 128.2 de la Constitución española de 1978, según la cual "se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiese el interés general". El texto no deja lugar a dudas sobre su alcance y posibilidades y menos todavía cuando los contribuyentes aún tenemos frescas en la memoria las multimillonarias ayudas concedidas a la banca durante la crisis financiera. No obstante, las lecturas sobre lo que ha de entenderse por intervención del Estado en la actividad económica han cambiado bastante desde 1978, hasta el punto de que una ministra de Trabajo de un gobierno del PSOE se tenga que apresurar a aclararnos que España no es Estado comunista. Justo un mes después de entrar en vigor la Constitución tuvo lugar en Avilés (febrero de 1979) una grandiosa manifestación contra la privatización de Ensidesa, una posibilidad que ya se anunciaba. Por entonces, el PSOE todavía no había abjurado del marxismo y la defensa de lo público era una cantinela retórica de la izquierda. Transcurrido el tiempo, Ensidesa es ahora una empresa privada (ArcelorMittal) propiedad de una sociedad con capital indio y la toma de decisiones se hace a miles de kilómetros de distancia de Avilés. En esas condiciones, defender el puesto de trabajo en una empresa de capital trasnacional es cada vez más complicado, y ya ni siquiera cabe el recurso de ir a protestarle al patrón delante de su vivienda. Entre otras cosas porque nadie sabe quién es ni dónde vive. (Claro que en esto, como en todo, también hay excepciones. En la cercanía de donde yo habito reside habitualmente el señor Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo, y no es infrecuente verle pasear al perro). Hechas estas reflexiones hay que desearle a los trabajadores de Alcoa que encuentren una solución justa al problema que les aqueja. Y recordarle al Gobierno que cumpla con sus promesas. Para eso lo votaron.

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