Las esperanzas de la plantilla coruñesa de Alcoa, sustentadas en las promesas realizadas por el Gobierno en la larga campaña electoral abierta en el pasado mes de marzo, se han esfumado tras el cierre del ciclo de elecciones.

A lo largo del período preelectoral, los trabajadores habían recibido con alivio la promesa de que las fábricas de A Coruña y Avilés iban a poder participar en la subasta de interrumpibilidad para el segundo semestre del año. Esta subasta es el mecanismo por el que las empresas de gran consumo eléctrico reciben incentivos a cambio de su disponibilidad para desenchufarse de la red.

Pero la decepción llegó nada más concluir el eslalon electoral, a principios de esta pasada semana, cuando la plantilla de Alcoa se enteró de que las bases de la puja eléctrica publicadas por el Gobierno dejaban fuera a las fábricas de A Coruña y Avilés.

Esta exclusión es de cajón. Las empresas que no consumen energía, como es el caso de las factorías de Alcoa y A Coruña, que dejaron de producir en enero a la espera de un posible comprador que evite el cierre y la desaparición de cientos de puestos de trabajo, no pueden acudir a la subasta, según el reglamento en el que se basa Red Eléctrica. Los trabajadores así lo suponían, pero el Gobierno, durante el periodo electoral, les prometió que serían incluidos igualmente. La propia Red Eléctrica avisó en una rueda de prensa que estas dos factorías incumplían el reglamento para participar en la subasta eléctrica, pero el Ejecutivo la desmintió, con el argumento de que ese incumplimiento era algo excepcional, aludiendo a ese compás de espera por un inversor que salve las fábricas.

Los trabajadores eran reticentes a firmar el acuerdo con la multinacional, pero una de las razones por las que finalmente accedieron, en un momento de tensa movilización en las calles, fue que fuentes del Ejecutivo les aseguraron que con ese acuerdo se abría un proceso que iban a garantizar la continuidad del empleo con la venta de las factorías.

El acuerdo dio una tregua al Gobierno, hasta que ya abierta la campaña electoral saltó la cuestión de la puja eléctrica para el segundo semestre. El espejismo mantenido por el Ejecutivo de que la fábrica coruñesa de Alcoa podría participar en la subasta por su situación excepcional, se disipó tan pronto las últimas urnas fueron retiradas y el prolongado ciclo electoral se dio por terminado.

Pese a sus reiteradas promesas, las delegaciones del Gobierno en Galicia y Asturias no tuvieron empacho en emitir el pasado jueves un comunicado en el que vienen a decir lo contrario de lo que el Ejecutivo mantuvo en campaña. Y ahora dejan meridianamente claro, tal y como Red Eléctrica avisaba, que las fábricas de A Coruña y Avilés no podrán acogerse al servicio de interrumpibilidad en el segundo semestre, porque incumplen el reglamento. Algo que ya se sabía, pero que no interesaba confirmar en un momento en el que tanto estaba en juego políticamente. El Gobierno alimentó con su desmentido a Red Eléctrica la creencia de que las fábricas de Alcoa a la venta podrían beneficiarse de rebajas eléctricas cuando hubiera un comprador.

Los trabajadores de Alcoa se muestran indignados y se preguntan por qué el Gobierno desmintió a Red Eléctrica cuando sabía que su promesa era puro humo y consideran que fueron utilizados en una mera jugarreta electoral.

Alcoa, por su parte, habla también de decepción e insiste en que, si no se adoptan medidas urgentes, la producción de aluminio primario será absolutamente inviable en España. Un nuevo aviso de que la factoría de San Ciprián se encuentra también en el alambre.

La cruda realidad, tras las interesadas fantasías electorales, es que la factoría de A Grela no va a poder jugar la carta de la rebaja de la tarifa de la energía, un aspecto importante para la llegada de inversor, en el caso de que opte por continuar con la fabricación de aluminio primario, en la que la factura de la electricidad supone un 40% del coste total.

La plantilla de la fábrica coruñesa teme que esta exclusión de las rebajas eléctricas sea finalmente un freno para la llegada de inversores interesados en retomar la actividad en las plantas de Alcoa. Y solo queda un mes para cerrar la operación.

El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, reprocha al Ejecutivo de Pedro Sánchez que mantenga un apagón informativo sobre la situación real de las factorías de Alcoa pese a la preocupación de los trabajadores, que temen encontrarse ahora en el peor escenario posible. La Xunta afea el Gobierno que se corrija a sí mismo en este asunto, en alusión al cuestionado episodio con Red Eléctrica, un impropio comportamiento que aumenta la desconfianza en sus planteamientos de solución para la planta coruñesa.

Conde advierte de que el tiempo se acaba y da la sensación de que el Ejecutivo carece de un plan a un mes de que expire el plazo. El incumplimiento de las promesas electorales aumenta ahora la incertidumbre sobre la compra de la factoría, según el conselleiro, ya que los inversores interesados precisan saber con qué precio eléctrico contarán para hacer viable la producción.

El Gobierno, que debe una explicación a los trabajadores de Alcoa por esta errática actuación que pone en peligro la continuidad de la factoría coruñesa, tiene ahora el compromiso de poner sobre la mesa un plan creíble que evite la liquidación de una de las ya escasas grandes plantas industriales en A Coruña.