Contaba El País el otro día la gran subida que experimentaron de pronto las acciones de una multinacional de origen australiano ante la posibilidad de que el pueblo salmantino donde proyecta explotar una gran mina de uranio a cielo abierto pasase a manos del Partido Popular.

En 2016, el alcalde socialista de Retortillo, elegido un año antes, dimitió, desesperado al parecer porque algunos concejales que se habían presentado en su lista empezaron a votar en contra suya y a favor de los intereses de la minera Berkeley, al igual que los del Partido Popular.

Otro anterior alcalde, este del PP vendió una finca de su propiedad a la minera australiana, que instaló en esos terrenos sus oficinas además de pagar la construcción de un parque infantil y financiar unas obras en la piscina con la clara intención de atraerse a los vecinos. La minera dio también trabajo a dos concejales, que continuaron en sus cargos pese a la denuncia presentada por la plataforma Stop Uranio, que se opone a la construcción de la mina, y el caso está actualmente en la Audiencia Provincial en espera de sentencia. Esos dos políticos locales a sueldo de Berkeley son por cierto quienes más votos han logrado en las elecciones del pasado domingo: el posible nuevo alcalde y su número dos en la lista del PP aunque ambos podrían todavía verse inhabilitados, según un portavoz de Stop Uranio.

El consejero delegado de Berkeley Energía, Paul Atherley, lo es también de otra gran empresa australiana, Pensana Metals, que desarrolla en Angola un gran proyecto de minería de metales de tierras raras: el neodimio y el praseodimio, y que se beneficiará de la proximidad de una nueva línea de ferrocarril construida por los chinos.

En declaraciones a Proactiveinvestors que pueden verse en YouTube, Atherley se declara entusiasmado con que su empresa, que ya cotiza en Londres y en Sydney (Australia) haya comenzado a hacerlo también en el mercado continuo de la bolsa de valores de España, cuna, según explica, de la minería europea.

Pero si he decidido titular esta columna con la frase "todo cuadra" es porque Berkeley contrató para defender sus intereses ante la Comisión Europea en Bruselas a Manuel Lamela, muy conocido aquí por su conflictivo papel en la privatización de la sanidad madrileña bajo el gobierno de Esperanza Aguirre. Lamela, perfecto ejemplo de cómo funcionan las puertas giratorias entre el Gobierno y la empresa privada, no tiene experiencia alguna, que se sepa, en el sector de la energía, y si lo contrató Berkeley como lobista es porque fue segundo de Miguel Arias Cañete en la etapa en la que este ocupó el ministerio de Agricultura del Gobierno del Partido Popular.

En efecto, poco después de ser nombrado comisario de Energía y Cambio Climático de la UE, pese a estar involucrado también él en un conflicto de intereses como accionista de petroleras, Arias Cañete firmó personalmente en Bruselas un dictamen a favor de la apertura de esa polémica mina. ¡Así funcionan allí los lobbies de la industria!

Según la plataforma Stop Uranio y la ONG ecologista World Wide Fund, la proyectada mina en medio de la dehesa salmantina no solo destruirá un entorno natural de enorme riqueza, además de hábitat de especies en peligro, con la condena a muerte de encinas centenarias, sino que puede presentar un peligro para la salud de los habitantes de las localidades vecinas. La minería de uranio, argumentan, es una industria que ha sido abandonada en toda Europa occidental por su escasa rentabilidad y por sus riesgos para la salud y el medio ambiente debido a la presencia de polvo y de partículas radiactivas y a las posibles filtraciones a los ríos y acuíferos.

La mina, agregan, puede acabar además con los pocos empleos sostenibles en la comarca, en sectores como la ganadería y el turismo, y cuando, dentro de unos diez años, se agoten las reservas de uranio, solo quedarán una tierra y una naturaleza arruinadas por culpa de la sed de beneficios a corto plazo de una empresa.