En el título XXI del Código Penal, dedicado a los "Delitos contra la Constitución", se abre el capítulo I con el artículo 472 que tipifica el delito de Rebelión del siguiente modo: "Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución...5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional".

No hace falta tener una gran agudeza mental para concluir que los independentistas catalanes actuaron políticamente con los dos fines reseñados en el citado artículo 472 del Código Penal: "derogar parcialmente la Constitución" y "declarar la independencia de Cataluña". Per para que su conducta encaje perfectamente en el tipo del delito de rebelión hay que determinar si las pruebas practicadas ante el Tribunal Supremo demuestran que "se alzaron violenta y públicamente".

Alzarse significa "levantarse" y sinónimos de esta última palabra son "sublevarse" y "amotinarse", que aluden a un "movimiento desordenado de una muchedumbre, por lo común contra la autoridad constituida". Vistas las imágenes que difundieron los medios audiovisuales no creo que pueda negarse que la muchedumbre independentista se amotinó contra la autoridad constituida. Pero con un dato fáctico esencial que me parece de extrema gravedad: fue jaleada por las autoridades autonómicas, que eran parte del Estado por serlo de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Como dijo muy acertadamente el fiscal Javier Zaragoza existieron tres "pilares" que vertebraron la rebelión y facilitaron la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017. Primero, "el pilar parlamentario, que dio la cobertura necesaria para llevarlo a cabo". Segundo, "el pilar ejecutivo", en el que la Generalitat era "la maquinaria de este proceso". Y tercero, "el pilar de las asociaciones civiles", donde los acusados Jordi Cuixart y Jordi Sánchez "han sido los dinamizadores".

Queda, por tanto, por determinar si el alzamiento fue "violento" y "público". Sobre esto último soy de la opinión de que tampoco existe la más mínima duda: lo que hicieron los independentistas fue público, "con luz y taquígrafos", y a la vista de todos. Pero ¿hubo violencia? El excelente y pormenorizado informe final de los fiscales no deja lugar a dudas:

"No creo que tras lo oído en este juicio pueda negarse que hubo violencia", han dicho los fiscales. En primer lugar, hubo "violencia en las cosas", resaltando los destrozos de vehículos tanto el día de la votación como en los incidentes previos de septiembre. Hubo también "intimidación" a las Fuerzas de Seguridad del Estado por la congregación masiva en los centros de votación. Y hubo, en tercer lugar, "violencia física". Los fiscales destacaron asimismo que hubo 93 agentes lesionados, lo que refleja que "fue claramente una conducta violenta". Y en cuanto al millar de ciudadanos lesionados por las Fuerzas de Seguridad, los verdaderos responsables fueron los acusados, que no desconvocaron el referéndum pese al aviso de los Mossos de que habría enfrentamientos".

El Informe de los fiscales concluye señalando que se ha probado que desde el día 19 de septiembre y hasta el 1 de octubre hubo violencia: "fue la suficiente para los objetivos que se habían trazado. Sin violencia física no hubiera sido posible cruzar caminos necesarios en esa hoja de ruta. Los acusados sabían que esto comportaría enfrentamientos y los admitieron antes de abortar la vía unilateral y además llamaron a la ciudadanía a enfrentarse".

Las palabras del Fiscal Javier Zaragoza afirmando que el 1-O fue un «golpe de estado», unidas a que calificaran a los independentistas "como una organización criminal", a que se pidieran penas de 70 años de prisión para los encausados, a que hubiera gente en el exilio, y a que, según ellos, la represión no parase, llevaron al President de la Generalitat, señor Torra, a pedir al señor Sánchez una reunión urgente para abordar esta situación.

Desde luego, el señor Torra no se ubica. Parece desconocer que una vez que las cosas abandonan el ámbito específico de la política y entran en el terreno de lo judicial, el señor Sánchez, como presidente del Gobierno, lo único que debe hacer es abstenerse de cualquier intervención que afecte a la independencia judicial. Lo cual es una exigencia fundamental de todo Estado de Derecho con división de poderes, como es el Estado español. Es posible que el señor Torra sepa en qué consiste la separación de poderes, pero todo parece indicar que en la "quimérica república de Cataluña" que promete a sus seguidores solo existiría el poder ejecutivo: el legislativo y el judicial serían meros poderes formales al servicio del todopoderoso gobierno catalán.