Lo publicaron el pasado otoño. El Gobierno de España ya tenía un Ministerio de Transición Ecológica. Señalábamos que "los ecologistas piden al Gobierno que recorte en gasto ambiental". Parecía una auténtica paradoja. Pero personalidades y organizaciones defensoras del medio ambiente de nuestro país, presentaron en Bruselas y en Berlín un documento argumentativo de su propuesta. La iniciativa española señalaba que "funcionarios públicos; miembros de entidades conservacionistas subvencionadas; ganaderos y pastores, empresario que tenemos o hemos tenido contratos con la Administración Pública, proponemos que se nos recorte". Y en la carta abierta al novato gabinete de Pedro Sánchez continuaban: "Planteamos reducir a la mitad el presupuesto que se destina a la conservación de la naturaleza". Además, en la insólita propuesta defendían un gran ahorro que haría posible el cumplimiento de las exigencias de la Comisión Europea: "contribuyendo con ello a facilitar el recorte de 10.000 millones de euros anuales que habría que realizar en 2019 y 2020" para la reducción del déficit. ¿Por qué no se les hace caso, se toma en cuenta su experiencia?

La extraña proposición al Gobierno contenía un requerimiento: "que la gestión del medio natural deje de ser monopolio de la Administración Pública y que ésta facilite el acceso a la política de conservación al sector social interesado en proteger y producir fauna amenazada". Parece una contradicción hablar de administración pública y pedir la gestión pero es que no hay partido político en España que priorice en medio ambiente. Son marginales las organizaciones políticas verdes, las dedicadas a defender la Naturaleza. Mientras en Alemania, en Francia, en Escandinavia los partidos políticos de esta naturaleza van ganando terreno en los parlamentos y cogobiernan o conforman un poder que condiciona la gestión política de importantes ejecutivos, nacionales y regionales, en nuestro país las formaciones ecológicas han rechazado mayoritariamente intervenir como políticos activos específicos y solamente en el conglomerado de Unidas Podemos Equo tiene representantes parlamentarios.

Un balance, realizado por Greenpeace tras los debates habidos en televisión en los días previos a la últimas elecciones generales del pasado mes de abril, reflejaba la paupérrima atención de los políticos españoles hacia el medio ambiente. En las casi cuatro horas de discusión de los dirigentes de los principales partidos solamente se habló de medio ambiente aproximadamente medio minuto. Lo hizo el presidente en funciones Pedro Sánchez. Y en el informe de esta organización no gubernamental internacional se resalta la gran "irresponsabilidad" de los partidos ante la Transición Ecológica, que debería ser eje transversal". Los socialistas cumplen en el ranking de esta ONG en puntos como Coherencia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Energía en manos de las personas, Protección de la biodiversidad, y Gestión de recursos naturales; Unidas Podemos lo hacen en las dos primeras mientras en otras bajan puntos; ambos se esfuerzan en la Transición Ecológica, Fiscalidad verde y Apoyo a la agricultura sostenible. Los otros tres partidos ni las mencionaron en sus alegatos electorales.

Madrid Central, la medida contra la contaminación emprendida por el Ayuntamiento que presidía Manuela Carmena, consiguió reducir un 43% las partículas peligrosas contenidas en el aire que se respira en la capital en los primeros tres meses de implantación en el presente 2019. La Comisión Europea lleva tres años anunciando multas a España por no aplicar medidas para reducir esa peligrosa contaminación. Sin embargo, la nueva corporación municipal madrileña quiere retirar Madrid Central, aunque no tiene alternativa para mejorar el aire que respiran los madrileños. Si retira la medida ya se conoce la multa con que será sancionada España, multa que pagaremos todos los españoles, residan en Madrid o en el Parque Nacional de Ordesa. Europa multa al país no a la ciudad.

En las conversaciones que mantuvieron el Partidos Socialista y Unidos Podemos meses atrás parece que establecieron cuatro grupos de trabajo: Seguridad Social, empleo y pensiones; recuperación de servicios públicos; financiación de los municipios y los ingresos estatales. Públicamente no figuraba la lucha contra la contaminación y el cambio climático. El Gobierno en funciones sigue teniendo un Ministerio de Transición Ecológica y parece que intenta mantenerlo en la nueva legislatura. Personalidades expertas y grupos ecologistas piden poder participar en la gestión medioambiental y reducir el déficit público. Pienso que es hora de hacerles caso. Sus impulsores aducen que "permitirá recolonizar el campo no rentable de España", esa "España vaciada" que languidece, con empleo de autónomos que estarían "sometidos a la supervisión y control del Estado" formando unas brigadas ajenas a ideologías. Viviríamos mejor.