La demanda que ha presentado el Gobierno ante el juzgado de Primera Instancia de A Coruña para reclamar que la propiedad del pazo de Meirás revierta al patrimonio público da respuesta a una reclamación que ahora es unánime en las instituciones gallegas.
Los Franco pelearon hasta el final contra la declaración de 2008 del pazo como Bien de Interés Cultural, por iniciativa de la Xunta en la etapa del gobierno bipartito. La familia del dictador se opuso desde el primer momento por las limitaciones de patrimonio, el derecho de tanteo del Gobierno gallego ante una posible venta y la obligación de abrir al público cuatro días al mes. Todos sus recursos, sin embargo, fueron rechazados por los tribunales.
El pazo abrió finalmente sus puertas al público en 2011. El Gobierno de Feijóo firmó un convenio por el que los Franco garantizaban la apertura y la Administración autonómica asumía los costes derivados de las visitas y se hacía cargo de la cobertura de los daños materiales que se pudieran producir. Sin embargo, la tónica desde entonces fue el incumplimiento del convenio por parte de la familia del dictador. En los años siguientes se sucedieron los expedientes administrativos abiertos por la Consellería de Cultura que fueron cerrados sin sanción.
La Xunta había respondido hasta entonces con tibieza a los desafíos y exabruptos de los Franco. Había defendido inicialmente que no tenían por qué abrir el pazo de Meirás, pagó dos años los gastos de seguridad y hasta finales de 2017 apeló al derecho a la propiedad para tumbar en el Parlamento las propuestas que reclamaban su devolución al patrimonio gallego. Siempre fue a remolque del clamor en defensa de la recuperación del pazo, hasta 2017 cuando el presidente Feijóo declaró que si se demostraba que la adquisición fue un expolio y no un regalo, sería factible la devolución.
La familia Franco puso a la venta el inmueble por ocho millones de euros a principios de 2018, en el momento de mayor presión para su devolución. Los incumplimientos del régimen de visita del BIC, la delegación de la gestión del pazo a la Fundación Franco para que exaltase la figura del dictador insuflaron fuerzas a la demanda. La Plataforma pro devolución del pazo constituida por la Diputación, treinta concellos coruñeses y diversos colectivos ya propuso el año pasado, basada en un informe realizado por el Gobierno provincial que se declarara la nulidad del título del pazo de 1941 a estar probado que se trató de una simulación de compraventa.
El comité de expertos que puso en marcha la Xunta, presidido por el historiador Xosé Manuel Núñez Seixas y del que forman parte responsables del Gobierno gallego, juristas, universidades, Diputación de A Coruña y Concello de Sada también se mostró partidario de que el Estado ejerciera una acción civil al considerar que la compraventa de 1941 fue fraudulenta, dado que el inmueble ya había sido adquirido y donado al dictador en 1938, en calidad de jefe del Estado. Veía factible la recuperación por la vía de usurpación, es decir, por su uso oficial reiterado entre 1938 y 1975. Argumentan que, una vez adquirida la condición de bien público este deviene en inalterable e imprescriptible. Es decir, los Franco no podrían alegar que son propietarios por su ocupación durante más de 30 años sin oposición, dado que el pazo no perdería la condición de bien público.
Para los expertos de la Xunta está sobradamente probado su uso como residencia estival de la Jefatura del Estado entre 1941 y 1975; durante toda la dictadura las administraciones actuaron en el pazo de Meirás como si se tratase de una propiedad pública, asumiendo todo tipo de obras de reforma y mantenimiento.
La Abogacía del Estado ha encontrado ahora un acta notarial de 1938 que demostraría que la compra del pazo por los Franco en 1941 fue fraudulenta y simulada como ya estimaban todos los expertos y que sirve para construir la demanda que acaba de presentar el Gobierno. El anuncio de la Xunta de que se personará en la causa marca la senda de un consenso que ya no tiene vuelta atrás y que demandaba la sociedad coruñesa para recuperar el pazo que fue, con Emilia Pardo Bazán, uno de los epicentros de la cultura del siglo XIX en España.
