El segundo aniversario de los atentados en Barcelona y Cambrils (16 muertos y 180 heridos) fue ocasión para unos actos de homenaje institucional a las víctimas pero también para la publicación en un medio digital de unas informaciones en las que se insinuaba que el CNI pudo haber tenido conocimiento previo de los atentados y no los evitó. La insinuación tendría su base en el hecho cierto de que el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, principal sospechoso de ser el cerebro de las acciones terroristas, tuvo contactos con el CNI durante una estancia anterior en prisión por tráfico de drogas y pudiera haber servido de confidente para el servicio secreto español en otros asuntos. Ni qué decir tiene que la conjetura fue inmediatamente utilizada por los partidos secesionistas para pedir explicaciones al gobierno español en funciones aunque cuando se produjeron los atentados gobernaba el PP. "Es un escándalo gravísimo y exigimos que se asuman las más altas responsabilidades", dijo el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, mientras que su sucesor en el cargo, el fugado Puigdemont, exigía una comisión parlamentaria de investigación para esclarecer lo sucedido. Más radicales aún fueron dirigentes de la CUP que acusaron al Estado español de utilizar los atentados para intentar parar el referéndum; y hasta Pablo Iglesias, secretario general de Podemos para quien "el silencio de los grandes medios sobre lo que el CNI sabía de los terroristas de La Rambla revela cómo funciona el poder en España". La polémica, que ha trascendido a la calle y seguramente encontrará amplio eco en la Diada, se centra ahora en dilucidar si la actuación del CNI en este asunto va más allá de una conducta que en algunos casos se ha calificado de negligente. Una negligencia que niega la ministra del Interior en funciones, Margarita Robles, quien manifestó su "plena confianza" en el CNI al tiempo que "se negaba a aceptar insinuaciones de otro tipo ni entrar en teorías que no tienen ninguna base real". Establecidas así las posturas es difícil „yo diría casi imposible„ que los enfrentados en la polémica se guíen por otro afán que no sea el aprovechamiento político inmediato. La idea de que los Estados nos ocultan información sobre asuntos delicados de digerir está bastante extendida. Sin remontarnos al atentado contra Carrero Blanco en las postrimerías del franquismo, en el que quiso verse una complicidad entre la CIA y ETA, sucedió después de los atentados del 11-S en Nueva York, de los atentados del 11-M en Madrid, de los de Londres, París, Niza y Bruselas y de tantos otros. Y ya no digamos en la rocambolesca versión del asesinato de Bin Laden en Pakistán, culminado con el lanzamiento de su cadáver al mar para impedir que su tumba se convirtiera en lugar de peregrinación, como sucede con el apóstol Santiago. En muchos de esos casos, las explicaciones oficiales sobre su autoría "repugnaban a la razón", cómo nos explicaban en nuestro ya lejano Bachillerato. El territorio competencial de los servicios secretos suele ser inevitablemente fronterizo con el del hampa y las organizaciones terroristas y eso es cosa sabida. Digo esto después de haber recibido, con sorpresa, unas declaraciones del delegado del Gobierno en Euskadi anticipando un posible rebrote del terrorismo de ETA a medio plazo.