La reclamación por parte del gobierno del señor Torra al que preside, en funciones, el señor Sánchez es, a mi entender, la noticia del verano. Por fin desde la Generalitat se dejan de utopías soberanistas y entran en materias que sí son de su competencia, incluso amenazando con recurrir a los tribunales de no serles abonados los 137 millones que, a su entender, se les adeuda porque corresponden a la recaudación del IVA de hace dos años. De una tacada, pues, no solo Torra ejerce de lo que es, el presidente de una comunidad autónoma, sino que encima comprende que la judicialización de la política es en ocasiones inevitable.

Pero lo que tiene más enjundia en ese pulso administrativo es que la Abogacía del Estado, a petición de la ministra Montero y tras no pocas reticencias, ha emitido un informe escrito (como deben ser todos los informes) que califica de ilegal el que el Gobierno transfiera nuevos fondos a las comunidades autónomas incluso si se consideran como un mero anticipo. El problema consiste en que Montero, el resto del gabinete y, por supuesto, Sánchez ejercen sus cargos en funciones y hasta que una sesión de investidura digamos seria permita que contemos con un Gobierno de verdad.

Porque el que tenemos no deja de ser una broma que se prolonga ya demasiado tiempo. De hecho, desde que la primera moción de censura tuvo un éxito tan sorprendente como, a toro pasado, preocupante. A estas alturas y con unas elecciones por medio resulta que seguimos arrastrando los presupuestos que sacó adelante el señor Rajoy allá por el Pleistoceno y con todo el ramillete de ministros incapaz de aplicar de forma completa ni siquiera los gastos que se derivan de él. Así que, gracias a Torra, nos hemos dado cuenta de que es el país entero el que anda en funciones pero no se sabe para qué. Porque el principal cometido de quien ocupa de esa manera tan precaria y limitada el palacio de la Moncloa debería ser capaz de lograr los apoyos necesarios para ser investido de una vez por todas pero, en vez de eso, lleva todo el verano reuniéndose con cualquiera que pueda erosionar un poco más a Unidas Podemos, la única coalición que parece dispuesta a apoyar al señor Sánchez.

Con lo que la cuestión que se nos presenta no es si habrá por fin nuevas elecciones en otoño, sino si entenderá alguien desde las nubes de las alturas políticas en funciones que no tenemos tiempo para tantas frivolidades. Nadie garantiza ni por asomo que el Congreso que pueda salir de una llamada a las urnas en noviembre permitirá más fáciles encajes para investir al presidente. Pero el informe de la Abogacía del Estado deja clarísimo que así no podemos seguir; hemos alcanzado ya los límites de la disfuncionalidad más irresponsable. A lo mejor sería cosa de encerrar a los diputados como a los cardenales del cónclave que elige nuevo papá y no darles ni siquiera de comer hasta que haya fumata blanca.