Desde el máximo respeto al TS expondré mis discrepancias con la sentencia del procés a propósito de algunas interpretaciones de los hechos probados que estimo desconcertantes y alejadas de las sostenidas, a mi juicio con mejor criterio, por la fiscalía.

Se califica, pg. 30, la declaración de independencia de simbólica e ineficaz pero, entonces, por qué el TC declara su nulidad en noviembre de 2017. Ineficaz sí, afortunadamente, pero ¿simbólica? La DUI fue el acto jurídico que culmina el proceso de derogación de la CE y de independencia de Cataluña, dos de los fines de la rebelión. Reducida a mera declaración simbólica quedaría protegida por la libertad de expresión que ampara a cualquier declaración política haciéndola no enjuiciable jurídicamente. Si se devalúa el alcance de la DUI y se entiende que toda la andadura inconstitucional preparatoria del parlamento catalán iba siendo jurídicamente anulada por el TC con toda normalidad, entonces, ¿de qué estamos hablando?

Se excluye, pg. 272, el delito de rebelión porque la violencia requerida ha de ser instrumental, ejecutiva, preordenada y con idoneidad potencial para alcanzar la secesión. Y además no hubo voluntad efectiva de hacer realidad los fines de la rebelión, quebrando así la estructura del tipo penal en su doble dimensión objetiva y subjetiva. Si la violencia probada se limita a la ejercida los días 20 de septiembre, concentración ante la Consejería de Economía, y 1 de octubre, votación en el referéndum, es evidente entonces que fue una violencia no preordenada a conseguir los fines de la rebelión, sino a impedir el cumplimiento de resoluciones judiciales y carente del potencial suficiente para lograr dichos fines. Una violencia no funcional, inservible para consumar la rebelión. Otra cosa es si, como recogió el relatorio del fiscal, la lista de hechos se amplía con todos los sucedidos en la calle durante meses al compás de la andadura del parlamento y del gobierno, protagonizados por cientos de miles de ciudadanos y alentados desde la Generalitat con mando, además, sobre una fuerza armada. En tal caso, es más que dudoso que esos hechos no puedan ser interpretados como cargados de la violencia intimidatoria, aún sin armas ni graves daños a personas y bienes, que requiere la rebelión. Que no se consiguiesen los fines de la rebelión no importa siendo un delito de resultado cortado, pues de triunfar la rebelión otros hubieran sido los encausados. Más desconcertante es que la sentencia asegure la falta de voluntad efectiva de derogar la CE y alcanzar la independencia en los condenados en base a sus propias declaraciones realizadas, no se olvide, tras su detención y encarcelamiento. Y no en todos los casos, claro. Dar por buena la afirmación de Vila tras su detención, "se trataba solo de tensar la cuerda sin romperla", y hacerla extensiva al resto de condenados es, al menos, de una benevolencia notable. A mi juicio no fue por falta de violencia ni de voluntad de los promotores del procés que no se alcanzasen los fines de la rebelión, sino porque compareció el Estado con solidez y porque ningún apoyo internacional tuvieron los susodichos.

Coincido, pues, con la acusación que sostuvo la fiscalía, pero como dijo el fiscal Zaragoza, ahora toca acatar y respetar la sentencia. Reconozco, por mi parte, que, de haber tenido la enorme responsabilidad de sentenciar el caso, lo razonable tal vez, solo tal vez, hubiera sido, como fue, buscar con los miembros de la sala coincidencias, sacrificando discrepancias en aras de la unanimidad que, en principio, debería fortalecer el fallo ante el TEDH. Por la unanimidad y no por otra razón.

Las reacciones del independentismo han sido las esperadas y una condena por rebelión las hubiera provocado parecidas. La mayoría de sus dirigentes apuestan por repetir el procés hoy, mañana o pasado mañana, pero repetirlo. En la calle estamos viendo a los partidarios de la independencia y hay de todo. Consecuencias de un discurso nacionalista, antiguo, bronco, monocorde y falso que demuestra el poder de la palabra. Y en el lado opuesto satisfacción en el Gobierno, menos en la oposición moderada que pide, como Iglesias, respeto, y rechazo rotundo en VOX, con descalificaciones del TS. Si la sentencia y lo que estamos viendo en directo a diario va a tener consecuencias electorales, lo veremos en tres semanas.