Una de las grandes ventajas de Internet es que permite la consulta rápida sobre el tema que interese. Recurriendo en los tres primeros casos a Wikipedia y en el último (por no estar aún disponible en Wikipedia) a la propia elaboración, la visualización de ciertos resultados electorales antiguos y su comparación con los del 10 de noviembre permite concluir que, siendo más o menos estable el mapa del pluralismo político, ha cambiado sensiblemente el reparto del poder.
En efecto, en las dos primeras elecciones generales de la actual democracia, las de 1977 y 1979, los partidos y formaciones políticas que consiguieron representación en el Congreso de los Diputados apenas variaron, aunque sí lo hizo el reparto del poder. En ambos años, hubo dos partidos políticos claramente mayoritarios: UCD con 165 diputados en 1977 y 168 en 1979, y el PSOE con 118 y 121. En los dos gráficos de Wikipedia pueden verse la distribución de escaños entre los dos partidos mayoritarios y la concentración del poder entre ambos.
La primera modificación importante de la distribución del poder tiene lugar en las elecciones generales de 2015 (véase el cuadro siguiente de Wikipedia), en las que, estando representados en el Congreso un número similar de partidos, el reparto de los escaños no responde ya a un claro bipartidismo, sino que entran en la distribución más fuerzas políticas.
La principal consecuencia de este reparto de los escaños entre varios partidos sin que ninguno de ellos alcanzara un número significativo fue que el PSOE bloqueó la formación de una mayoría para investir la presidente y hubo que repetir las elecciones generales. Tras las elecciones de junio de 2016 y gracias a la abstención de los 85 diputados del PSOE el PP, que había logrado únicamente 137, pudo formar gobierno.
Durante el presente año 2019, se celebraron otras dos elecciones generales: una, el 28 de abril en la que el fraccionamiento del reparto del poder hizo que no lograra la investidura Pedro Sánchez y que hubiera que convocar nuevas elecciones que se acaban de celebrar el pasado día 10. Pues bien, en la recientes elecciones del pasado día 10 (véase el último gráfico) el poder se ha fraccionado más ya que los 350 escaños del Congreso están distribuidos entre 16 partidos y el mayoritario que es el PSOE tiene 3 menos que el 28 de abril.
Seguramente, no serán pocos los lectores que se pregunten a qué se debe que cada vez se fraccione más el poder. No es una pregunta fácil de responder porque seguramente habrá más de una causa. Pero tengo para mí que una buena parte de la ciudadanía ha perdido de vista que en unas elecciones generales los intereses que se ponen en juego son los de España. Razón por la cual decide su voto en función de factores emocionales más que racionales. Y es que, viendo cómo se resolvió la investidura del presidente del Gobierno en las elecciones en las que no hubo mayoría absoluta, la ciudadanía comprobó que los partidos que ayudaban a formar el gobierno recibían unas prebendas que se detraían de los demás territorios.
En efecto, cuando el partido mayoritario, ya fuera el PP o el PSOE, no obtenía los escaños suficientes para poder formar gobierno y necesitaban los votos de otros partidos (los catalanes y los vascos) el resto de la ciudadanía contemplaba atónita cómo, gracias a ese apoyo, estas dos comunidades autónomas eran regadas de inmediato con todo tipo de prebendas e inversiones del Estado.
La enseñanza era clara y, por tal razón, políticos localistas decidieron constituir partidos de reducido ámbito territorial que ofrecieron como promesas estrellas de su programa la solución, no de los problemas generales de España, sino de los particulares de su territorio. Pues bien, si se reparte en exceso el poder y los escaños del Congreso de Diputados son ocupados por numerosas formaciones políticas que no defienden los intereses generales, la extensa distribución de escaños dificultará la investidura del presidente y la formación del Gobierno.
Conviene advertir que la proliferación de formaciones localistas y su participación en el reparto del poder no responde al principio de la solidaridad interterritorial de la que habla el artículo 2 de la Constitución. El que los territorios de donde procedan los escaños que hayan apoyado la investidura reciban a cambio de ello beneficios del Gobierno central no es de ningún modo esa solidaridad constitucional porque ésta es "el corolario de la autonomía", y "no se garantiza por la Constitución para incidir de forma negativa sobre los intereses generales de la Nación". Y los indicados beneficios obtenidos a cambio del voto en la investidura sí que afectan de forma negativa a dichos intereses.
