Ahora que conocemos la primera sentencia sobre el caso de los ERE (se da por seguro que todos los condenados recurrirán ante el Tribunal Supremo) es inevitable acordarse de su larga instrucción y de la juez Alaya que fue quien la inició. Todos tenemos en la memoria los airosos paseos hacia la sede judicial de esta magistrada mientras arrastraba una maleta con ruedas que seguramente contenía documentos comprometedores para unos conocidos dirigentes del PSOE andaluz. La juez Alaya -su larga melena negra, su pisada garbosa, y su ropa más propia de una adolescente que de una madura jurista- acabó por ser un personaje habitual en los telediarios y rara era la semana que no aparecía en ellos para ilustrar informaciones sobre lo que empezaba a ser un gigantesco escándalo. Al parecer, hubo presiones políticas para que Alaya dejara el caso, so pretexto de un ascenso profesional, pero ella que estaba encelada con la tarea se resistió a dejarla inconclusa, aunque al fin acabó por ceder. En un país donde la corrupción ajena (de la propia nunca se habla) es casi el único argumento que utilizan los partidos políticos para deteriorar la imagen de sus contrarios, el caso de los ERE fue la mejor arma de la que dispuso el PP para contrarrestar la larga serie de corrupciones propias que lo acosaban. Un caso muy apetecible porque implicaba, entre otros, a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dos notables socialistas que respectivamente habían sido presidentes del PSOE, presidentes del gobierno autónomo andaluz, y ministros del gobierno del Estado. ¿Y qué eran, en sustancia, los ERE? Pues un procedimiento urdido para agilizar y en cierta medida oscurecer la concesión de ayudas económicas a empresas y trabajadores en una época de grandes conflictos sociales, y todo ello burlando la tramitación administrativa y los controles exigidos por la ley. La cuantía de esas ayudas descontroladas se cifra en 680 millones de euros y ahora habrá que dilucidar ante el Tribunal Supremo si la utilización de ese sistema tiene relevancia penal, como sostiene la Audiencia de Sevilla, o por el contrario, para calificar esas conductas como delitos de prevaricación y malversación, sería exigible la concurrencia de apropiación de dinero en beneficio propio, extremo que en este supuesto no se dio. En fin, todo esto son sutilezas que a nadie parecen interesar puesto que ahora la batalla entre el PP y el PSOE se plantea en el terreno de las simplezas demagógicas. Los populares que comanda Casado estiman que Pedro Sánchez debe asumir "responsabilidades políticas" y ofrecer al verdugo alguna cabeza importante, que si no es la suya propia tendría que ser como mínimo la de la lideresa andaluza Susana Díaz. Ya que, como dijo el actual presidente de la Junta de Andalucía, señor Moreno Bonilla, con evidente exageración, estamos ante "el mayor caso de corrupción de la historia de España". Por su parte, los socialistas alegan que el escándalo de los ERE es una cosa del pasado y por tanto no afecta al actual gobierno ni a la nueva dirección del partido. Además, razonó su portavoz José Luis Ábalos, "la sentencia no atribuye enriquecimiento ilícito a los encausados" al contrario de lo que pasó en las corrupciones atribuidas a militantes del PP. Tenemos caso ERE para rato.
