En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes la ministra portavoz del gobierno en funciones Isabel Celaá declaró que la reciente sentencia de los ERE "no concierne al Gobierno ni al presidente en funciones". Me parece que esta aseveración de la ministra-portavoz no es del todo cierta, porque, como voy a tratar de razonar seguidamente, la sentencia incube políticamente al Gobierno y al presidente en funciones, aunque también sea verdad que ni el Gobierno en funciones ni el presidente tienen responsabilidad penal, personal y directa, en los hechos delictivos que fueron juzgados.
En efecto, como dice el artículo 6 de la Constitución los partidos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Tan relevante es su papel en nuestra vida política que la representación de los ciudadanos en las Cortes Generales se articula en torno a los partidos políticos y el propio artículo 99 a la hora de regular la investidura del presidente del Gobierno obliga al Rey a consultar con los partidos políticos con representación parlamentaria.
Pues bien, si un partido político es pieza esencial para determinar el acceso y, por tanto, el reparto del poder político, no puede decirse seriamente que al partido, en este caso el PSOE de Andalucía, al que pertenecían las personas que delinquieron gracias a estar representándolo en el poder no le concierne la sentencia de los ERE. Es verdad que las condenas recayeron sobre personas del partido socialista de Andalucía y no sobre el PSOE andaluz. Pero también lo es que si esas personas no hubieran sido altos cargos de dicho partido no habrían podido manejar delictivamente los fondos que repartieron clientelarmente.
Y miren ustedes por dónde resulta que el partido al que pertenecían los condenados, el PSOE de Andalucía, está integrado en la federación del partido en el Gobierno el funciones: el PSOE. Luego si el partido al que pertenecían los políticos condenados está integrado en la misma estructura que el partido que sustenta al Gobierno en funciones se equivoca la ministra-portavoz cuando dice que la sentencia no concierne al Gobierno en funciones. Le concierne y mucho, aunque las acciones delictivas sean imputables a personas de otra federación que la que soporta al Gobierno.
Otro punto que conviene precisar es la aparente exculpación que se pretende hacer de determinados condenados de los que se resalta que no se han "llevado nada personalmente" de los cuantiosísimos fondos que se desviaron. La sentencia habla de estructura clientelar lo cual significa, cuando menos, que los fondos desviados se emplearon para influir en los votos de los electores y obtener gracias a ellos el poder. Más claramente: en caso de que fuera cierto que ninguno de los condenados se llevó nada para él, el hecho de conservar el poder y con él todas las prebendas inherentes era la consecuencia directa de "conservar y acrecentar" los votos de los agradecidos por los ERE.
En cualquier caso, estamos ante un caso escandaloso de corrupción política. Y si hay dos palabras incompatibles son democracia y corrupción. Cuando la soberanía de una nación reside en el pueblo, los políticos, que son quienes lo representan, tienen el alto honor y, a la vez, la honrosa responsabilidad de dedicarse al servicio de los ciudadanos y a la defensa de sus intereses. Esta importante misión y el manejo del poder anejo suponen, en sí mismos, una parte de la retribución de los políticos, que se inserta en la línea más de lo moral que en la económica.
Es verdad que la actividad política tiene que ser también remunerada con dinero. Y lo es también que, comparadas con algunas retribuciones del sector privado, las percepciones económicas de los políticos no son muy elevadas. Pero esto no justifica en modo alguno que los que se dedican a la actividad política traten de mantener su puesto y, consiguientemente, su salario por la vía de la corrupción.
La política no es una actividad obligatoria. Se sabe perfectamente lo que es y cuánto se puede cobrar en ella. El que quiera dedicarse a representar a los ciudadanos tiene que ser plenamente consciente de que debe gestionar con la debida diligencia y la más alta transparencia los recursos de sus representados. El mayor envilecimiento de la política es abusar de la relación de representación para gestionar los asuntos del pueblo en beneficio propio y del partido, enriqueciéndose personalmente con recursos de todos, que, como tales, deben ser destinados a la satisfacción de los intereses generales.
Por todo lo hasta aquí dicho, afirmar que no conciernen al Gobierno y al presidente una sentencia que condena a altos cargos de una federación local del mismo partido que los sustenta no deja de ser una boutade de la ministra-portavoz que es dudoso que se la crea el más fervoroso fan del PSOE.
