Los que dicen que los presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán no llevaron un euro a casa podrían añadir que tampoco fueron de putas ni esnifaron coca, como otros implicados en la trama de los Expediente de Regulación de Empleo andaluces. Chaves y Griñán tienen los apéndices limpios, concluirían.
El fraude de los ERE fue dinero público llovido sobre prejubilados que nunca habían trabajado en las empresas que despedían; empresas que no tenían ERE y ERE que no tenían empresa y aseguradoras, consultoras, abogados y sindicalistas que cobraban por encima de precio sus honorarios por situarse entre quien paga y quien cobra.
El dinero estafado de los ERE, entregado sin control, no fue a financiar directamente al Partido Socialista de Andalucía para que hiciera jacarandosas campañas electorales con ayuda de empresas tan amigas como para invitarlas a la boda escurialense de una hija, pero contentó a personas y grupos interesadas en el mantenimiento, por encima de sus ideas, de un mecanismo corrupto injusto para todos, beneficioso para ellos.
No se entiende qué quiere disculpar de sus papás políticos la cariacontecida secretaria de los socialistas andaluces, Susana Díaz, ni qué valor tiene que el expresidente del Congreso, José Bono, ponga la mano en el fuego o el pene en la guillotina de habanos por los primeros responsables políticos del fraude.
Hay disculpas que no disculpan y ponen en duda qué defiende el defensor. Gilipollas o corruptos han hecho grave daño a la caja, mucho bien a mala gente y destrozos a la confianza en la democracia. Queda la libertad de mantenerles el afecto y eso lo pueden defender en un mundo en el que se sigue votando a malvados manifiestos.
