Me arriesgaré, como si esto tuviera algún riesgo. Pedro Sánchez no será investido en diciembre. Ni en enero tampoco. No me refiero a que sufrirá grandes dificultades para dirigir y gestionar el Gobierno. Es que ERC no facilitará su investidura. Los independentistas que lidera Oriol Junqueras no están dispuestos a ceder en nada. Dos mesas de negociación, una metodología de trabajo, Gobiernos hablando de tú a tú, modificación normativa para que los condenados por el Tribunal Supremo puedan ser indultados sin pedirlo, y antes del verano, anuncio de un referéndum para dentro de un año. Un referéndum no vinculante, por supuesto, pero es lo mismo. Incluso es casi lo mismo que lo pierdan: desde la Generalitat, que están convencidos que presidirán en breve, pedirán otro dentro de tres o cuatro años. Y así hasta ganar. A ERC le interesa un bledo el compromiso de una reforma constitucional que profundice en la federalización del Estado. Admitiría esa melodía en los ascensores hacia la independencia, pero sin sentir que ese sonsonete le afecte lo más mínimo. Quizás Pedro Sánchez podría admitir ese brete. Pero, aunque no lo parezca, Sánchez no es el PSOE. Al menos enteramente. El PSOE tiene un sistema de anclajes políticos, institucionales, económicos e ideológicos que no puede boicotear impunemente.

A los cuatro grandes partidos les horroriza una nueva convocatoria de elecciones. Sin embargo, no es la única opción. Algunos ya avanzaron hace meses una fórmula: un gobierno de concentración presidido por un independiente. La mitad del Gobierno serían hombres y mujeres con un perfil técnico y sin militancia partidista. La otra mitad, representantes de PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos. Un Gobierno de dos años con un programa básico „no se tocaría una coma de lo decidido en el último año, pero tampoco se derogaría la reforma laboral, por ejemplo„ que gestionaría mientras los dirigentes de las cuatro fuerzas „fuera del Ejecutivo„ negocian una reforma constitucional orientada, sobre todo, a cohesionar la estructura territorial sobre la base de una propuesta abiertamente federal, pero también abierta a cambios en la organización judicial a favor de más profesionalidad y menos partidización de la magistratura y sus órganos de gobierno. Al cabo de dos años, referéndum sobre la reforma de la Constitución y propuesta a Cataluña para su propia reforma estatutaria „a aprobar en referéndum„ a partir del nuevo espacio de convivencia política y competencial.

Hace tres o cuatro meses, cuando leí diversos fragmentos de esta propuesta programática en los artículos de varios columnistas „ligeramente progresistas y ligeramente conservadores„ se me antojó completamente inverosímil. Una guanajada para pasar el rato. Hoy no me lo parece tanto. Porque se está acercando un delicado y vertiginoso momento que puede conducir a una crisis constitucional sin precedentes. Dos años para salir de este atasco no parece un precio muy caro, pero el plan demanda lo que falta en todas las propuestas y alternativas: arrojo, valentía, generosidad, confianza instrumental y voluntad de consenso.