19 de enero de 2020
19.01.2020
editorial

El Gobierno tiene una deuda con el puerto exterior de A Coruña

18.01.2020 | 23:30

Los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez han sacado de nuevo a la luz el diferente trato que dispensa el Gobierno a los puertos de A Coruña y Valencia. Uno de sus pactos „curioso comprobar cómo será capaz de encajar el cumplimiento de todos los firmados„, el rubricado con el único diputado de Compromís, recoge el perdón, por parte del Estado, de los 350 millones de la deuda generada por la remodelación del puerto de Valencia para acoger la Copa América y las carreras de Fórmula 1. Ese millonario pasivo será asumido íntegramente por el Estado este mismo año, con su inclusión en los Presupuestos Generales, reza el acuerdo PSOE-Compromís. De los 200 millones que la Autoridad Portuaria de A Coruña adeuda al Estado por la construcción de la dársena exterior, ni una palabra en el resto de acuerdos, ni en el de coalición con Unidas Podemos ni en el de investidura con el BNG.La fórmula elegida para acabar con el endeudamiento valenciano repite la solución pactada por Pedro Sánchez con el presidente de la Generalitat Valenciana, el también socialista Ximo Puig, y que no pudo afrontarse por la falta de aprobación de los presupuestos del Estado de 2019. En resumen, consiste en que el Estado asumirá la deuda que el Consorcio Valencia 2007 contrajo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y condona la que arrastra con el Tesoro Público.A Coruña sintió aquel agravio, ahora continuado, y reclamó el mismo trato que se ofrece a Valencia. Entonces, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que repite en este departamento en el nuevo mandato, justificó que el puerto coruñés no recibiera igual trato por las diferentes naturalezas de los deudores, que en A Coruña es una Autoridad Portuaria y en el puerto levantino es un consorcio con participación estatal, autonómica y local. Pero el ministro no ha entrado a aclarar por qué eso supone una barrera.El agravio que sufre A Coruña es más sangrante si se compara el origen de cada una de las deudas. En el caso de A Coruña, la Autoridad Portuaria debe 300 millones de euros „200 al Estado y 100 al Banco Europeo de Inversiones„ por construir una dársena aprobada por el Consejo de Ministros celebrado en A Coruña tras el desastre medioambiental provocado por el Prestige. Es decir, se trata de una inversión económica, industrial y medioambiental que, superado el debate sobre la cuestionable idoneidad de su ubicación en punta Langosteira, está llamada a ser un polo de generación de riqueza en Galicia.En Valencia, los 350 millones de euros de deuda, cincuenta más que en A Coruña, se dilapidaron en acondicionar los muelles de la ciudad para la Copa América 2007 y para, a partir del año siguiente, celebrar carreras de Fórmula 1. El circuito se abrió en 2008 y se clausuró en 2012. Dos eventos ya agotados y de nula rentabilidad productiva.Sobre la Autoridad Portuaria de A Coruña, con una cifra de negocio de 31,7 millones de euros y un beneficio de 2,2 millones en 2018, se echó la responsabilidad de financiar una obra con un coste que alcanza ya los 900 millones de euros, sin contar la imprescindible conexión ferroviaria, cifrada en 140 millones de euros y sin certezas sobre quién y cómo la financiará. Pero quienes lo gestaron y quienes les siguieron después lo fiaron todo a la gran operación inmobiliaria en los muelles de Batería, Calvo Sotelo, San Diego y Petrolero. Lo hicieron antes de la crisis, durante la crisis y después de la crisis, mientras Langosteira consumía dinero como saco sin fondo y sin importarles que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria convertía en inviables sus codiciosos planes de la venta de los muelles.A diferencia de otros, LA OPINIÓN ha defendido desde el principio que el puerto exterior no debía costearse con cargo a la ciudad, a los apetecibles terrenos portuarios que quedarán liberados para otros usos, y se ha mostrado firme en advertir de que, en suma, el desarrollo urbanístico de A Coruña no debía estar comprometido por la necesidad de obtener recursos con la venta de los muelles. A esta tesis se han sumado, con el paso de los años, muchos otros, incluidos el PSOE, que firmó el convenio del puerto exterior en 2004, y el PP, aunque los populares lo hayan hecho una vez desplazados del Gobierno y solo cuando se planteó la condonación de la deuda en Valencia.A Coruña ha conformado una posición común en favor de que los muelles sigan siendo de titularidad pública y de que el Estado dé una solución a la deuda de la Autoridad Portuaria. Lo evidencia la unanimidad, esta semana, de la Corporación local „PSOE, PP, Marea, BNG y Ciudadanos„ en la defensa de ambas exigencias. Con ese respaldo acudirá la alcaldesa, Inés Rey, a la reunión que ha solicitado con responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, nueva denominación de Fomento. El Ministerio debe atender la demanda unánime coruñesa porque, como escribíamos aquí hace una semana, la ciudad no pide privilegios, sino un trato justo y eso pasa por no negarle lo que se da a otros.

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