El 19 de diciembre de 2019 el TSJC condenó a Torra por desobediencia, artículo 410 CP, a las penas de multa de diez (10) meses e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el desempeño de funciones de gobierno en los ámbitos local, autonómico y del Estado, por tiempo de un (1) año y seis (6) meses.

Torra recurrió la sentencia por entender que su condición en el momento del delito no era la de elegible sino la de ya elegido y que, en consecuencia, no cabía retirarle el acta. Sin embargo, en aplicación de la sentencia del TSJC la Junta Electoral Central (JEC) le retiró el acta porque el artículo 6, 2.b de la Loreg establece que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos...contra la Administración Pública como es el caso de Torra. Una previsión que tiene su fundamento, como dice el TS siguiendo al TC, en la necesidad de que todos los gestores públicos gocen del respeto y la confianza de los ciudadanos. Torra pidió al TS la suspensión del acuerdo hasta que se dicte sentencia firme pero la Sala de lo Contencioso Administrativo no ha atendido su petición. La cuestión ahora es, como se sabe, que Torra ya no tiene la condición de parlamentario, condición exigida por la CE para presidir una autonomía, pero sigue siendo presidente de la Generalitat apoyándose en que no ha sido inhabilitado y en que el estatuto catalán, artículo 67.7 exige sentencia firme para inhabilitar al presidente. Mi opinión es que el TS resolverá en su contra porque la sentencia del TSJC es clara al inhabilitarle para el desempeño de funciones de gobierno en cualquier ámbito pero mientras tanto entiendo que Torra no puede seguir en la Presidencia porque al haber perdido el acta de diputado no cumple desde ese momento la condición que la Constitución exige a los presidentes autonómicos. No entra en juego el artículo 67.7 del Estatuto de Cataluña que exige que la inhabilitación sea por sentencia firme porque la pérdida del acta provoca, a mi juicio, el incumplimiento sobrevenido de la condición sin la cual no puede ya desempeñar la presidencia.

Pero no nos apuremos porque tampoco el asunto Torra importa demasiado en esta gran impostura que es el procés. Su resistencia a cumplir el acuerdo de la JEC y su astucia de amagar con convocar sin concretar fecha o su empeño en presionar a Sánchez y castigar a ERC son otros tantos episodios menores en esa gran impostura, en esa gran farsa que ha sido todo el procés desde sus comienzos allá en 2012, si no antes. No una ensoñación porque no se delinque en sueños ni fantaseando, sino una gran farsa, un engaño a los ciudadanos pleno de consecuencias lesivas para el interés general y para no pocos particulares. A esa impostura pertenecen también buena parte de las medidas y los mensajes que envía Sánchez a unos y a otros mientras confía en que las circunstancias le ayuden a salir de los enredos que él mismo crea. Pequeños engaños alejados de una estrategia con visión de Estado porque ni Sánchez ni su valido, ni sus ministros tienen una concepción solvente y duradera sobre nuestro modelo territorial. Sánchez espera unas elecciones en Cataluña que den vía libre a un tripartito liderado por Iceta o, en su caso por Junqueras o un delegado suyo. Bien, y qué pasa luego con Cataluña, y con el País Vasco, Baleares o Valencia. Si el plan de Sánchez es ir dando, transfiriendo y cediendo al ritmo de las presiones y apoyos que reciba, mal se presenta el panorama de la legislatura. Y si está dándole vueltas a una reforma en profundidad de los estatutos a qué espera para contarlo. Mi impresión es que Sánchez carece de estrategia de Estado y funciona partido a partido y a ver que sale. De momento han decidido desde Moncloa lanzar el mensaje de que con Sánchez se está recuperando la normalidad en Cataluña. Un cuento chino, pero si cuela cuela y hasta otro día.