Nadie ha afrontado el problema de la vivienda en España. No han gastado nada para vivienda social". La reflexión del relator de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, en la entrevista publicada en LA OPINIÓN constata la paupérrima reacción política, común también en A Coruña y Galicia, ante la crisis social que provoca que el acceso a una vivienda digna sea, a estas alturas de la historia, un lujo más que un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución española.

A lo largo de la última semana, LA OPINIÓN ha querido poner el foco sobre la realidad de este problema en A Coruña, donde, en el último mandato, la oposición municipal volcó sus críticas al Gobierno local hacia la ralentización en la concesión de licencias urbanísticas, reproche compartido por los promotores inmobiliarios coruñeses. El cruce de datos entre el precio de las nuevas viviendas puestas en el mercado y la capacidad económica de la población para acceder a ellas resulta desolador y demuestra que el simple hecho de agilizar permisos no supone que el mercado inmobiliario se abra a más capas de la población. Es decir, la mayoría de la vivienda nueva en la ciudad está fuera del alcance de los ingresos del trabajador medio coruñés.

Repasando las promociones ahora en construcción o venta en diferentes zonas „ofimático, A Gaiteira, Cuatro Caminos, avenida de Finisterre, Santa Margarita...„, se comprueba que los precios superan en mucho los 153.537 euros que el Instituto Galego de Estatística fija como máximo recomendable para un asalariado medio, dentro de la regla de prudencia de no dedicar más de un tercio de los ingresos a pagar la cuota mensual de la hipoteca. De la oferta analizada, solo en el ofimático y dentro de una cooperativa, se accede por ese precio a una vivienda de tres dormitorios. En el resto de casos, lo común es que, a la hipoteca recomendada, solo se acerquen, y en casos excepcionales, pisos de un dormitorio. Desde luego, no son los adecuados para quien piensa en formar una familia con hijos. El alquiler tampoco presenta un estado mejor, con la cuota media mensual en A Coruña por encima de los 500 euros tras un aumento del 10% el último año.

A Coruña arrastra el castigo de la burbuja inmobiliaria de comienzos de siglo, en la que los bancos y, sobre todo, las cajas de ahorro concedían hipotecas sin un mínimo análisis de riesgos, como si fueran churros, y muchos compradores se abalanzaban sobre ellas sin prudencia, fruto, muchas veces, de un mal asesoramiento previo. Aquella cima del mercado libre, sin más regulación por la administración pública que jalearla, ha dejado un grave problema social: la dificultad de la población, en especial de los jóvenes, para acceder a una vivienda, bien en propiedad bien en alquiler. Problema agravado por la precariedad en el mercado laboral.

¿Qué han hecho el Ayuntamiento, la Xunta y el Estado en este tiempo para revertir la situación? El Concello no ha promovido más vivienda que los 80 pisos de la fábrica de Tabacos hace ya quince años. Solo en el anterior mandato se apreció un intento de intervenir en el mercado inmobiliario para facilitar el acceso a la vivienda a quienes menos ingresos tienen. Pero la buena idea de la compra de pisos se materializó en un concurso fallido, las ochenta viviendas públicas anunciadas en el ofimático no han pasado del proyecto y la bolsa de pisos de alquiler chocó con la estrategia electoral de la oposición, que impidió sacarla adelante hasta este mandato. También hace quince años, la Xunta construyó en Eirís y Novo Mesoiro sus primeras viviendas de promoción pública en la ciudad desde 1995. En el ofimático, construye ahora 40 pero ya ha anunciado que renuncia a hacer lo mismo en el resto de parcelas que posee en el polígono y que se las venderá a promotores para pisos de protección oficial. Y del Estado solo sabemos su empeño en hacer caja con sus solares, con los de A Maestranza y la calle Adelaida Muro a la cabeza.

A Coruña precisa una decidida intervención pública en el mercado inmobiliario en favor de que el acceso a la vivienda sea un derecho real, no un quebradero de cabeza o, peor, una quimera para la mayoría de la población. Las administraciones deben implicarse en la contención de los precios. Es evidente que no existe una receta mágica, pero tenemos ejemplos que pueden ayudar: regular el precio del alquiler, más inversión en vivienda pública, más porcentaje de vivienda de protección oficial y acciones para la movilización del parque de pisos desocupados „unos 20.000 en la ciudad, según las últimas estadísticas oficiales, ya de 2011„. La solución, desde luego, no puede ser la inacción que nos ha conducido hasta aquí.