Como intentamos hacer todos con el coronavirus, el actual rey se ha visto por fin obligado a establecer distancias con su padre, el rey emérito, para evitar su contagio.

Tiene suerte don Felipe de que el escándalo en torno al dinero que supuestamente tiene en paraísos fiscales haya estallado cuando toda España se encuentra en estado de alarma y se prohíbe a la gente salir de casa si no es para ir a la farmacia o hacer la compra. Y además, de uno en uno.

También de que haya sucedido cuando Unidas Podemos se ha incorporado como socio pleno al Gobierno de la nación, lo que exigirá al menos a sus ministros comportamientos que seguramente no tendrían de estar actualmente ese partido en la oposición. Es en cualquier caso muy grave lo ocurrido, y el actual monarca y quienes le aconsejan son plenamente conscientes de la situación: es lo que explica ese comunicado en el que Felipe VI renuncia a la herencia millonaria que pretendía dejarle, si hemos de creerle, sin su conocimiento, el rey emérito.

Una herencia de la que hemos terminado sabiendo gracias a las investigaciones de la justicia suiza: sí, de ese país tranquilo y con aspecto de postal, donde cleptócratas, traficantes de armas y otros corruptos solían poner a buen recaudo sus millones y que ahora parece tomarse esas cosas más en serio. Revela el comunicado de la Casa Real que hace un año que don Felipe supo, gracias a un gabinete londinense, que su progenitor le había designado heredero de la fundación Lucum, supuestamente utilizada por don Juan Carlos para esconder su multimillonaria fortuna personal.

A esa fundación, domiciliada en un paraíso fiscal, llegaron en 2008, es decir cuando aquel era todavía rey, los 100 millones de dólares de comisiones procedentes de Arabia Saudí, parte de los cuales aquel destinó a pagar a dos de sus amantes por sus favores. Don Felipe, futuro beneficiario de esa multimillonaria herencia acudió entonces a un notario, al que comunicó su renuncia a "cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad pudieran no estar en consonancia con la legalidad".

La pregunta que hay que hacerse, pues el comunicado no lo aclara, es a quién se informó de la existencia de esa fundación, de la existencia de esos millones en un paraíso fiscal, lo cual contravenía claramente la legislación española. ¿Se comunicó, al tratarse de un delito, a la justicia para que investigara? En el comunicado, don Felipe explica que su padre dejará de cobrar la cantidad anual que tenía asignada de los presupuestos públicos, y muchos se preguntan también por qué se ha esperado hasta ahora, es decir a que no pudiera ocultarse más el escándalo a la opinión pública, para tomar esa medida.

De todo lo que sabemos se desprende que el rey anterior abusó de la inviolabilidad que le concedía la Constitución para enriquecerse supuestamente con comisiones recibidas, a cambio de los servicios prestados, de monarquías tan poco presentables como la de Arabia Saudí. Por culpa de sus amistades peligrosas, sus aventuras extraconyugales y su desmedido afán de lucro, el rey emérito ha causado un daño irreparable a lo que representa. Durante demasiado tiempo los medios callaron lo que se sabía sobre su poco ético y nada patriótico comportamiento. Y de aquellos polvos vienen ahora estos lodos.

Hace falta transparencia y menos aduladores vivas al Rey. Si los monárquicos quieren salvar una institución que muchos consideramos anacrónica, al menos deberían presionar para que la inviolabilidad de que se beneficia quien la ostenta se limite estrictamente a las funciones propias del cargo y no a todo lo demás. Es lo mínimo que se le puede y debe exigir.