Gobernar es muy difícil y en la corta historia de nuestra democracia todos los presidente del Gobierno han tenido que enfrentarse con importantes dificultades. Por recordar las más sobresalientes: Adolfo Suárez afrontó la ciclópea tarea de pilotar la transición de un régimen autocrático a la actual democracia en medio de unas circunstancias que agravaban la ya de por sí muy difícil tarea de gobierno. Recuérdense, por ejemplo, los asesinatos casi diarios de ETA, la matanza de los abogados de Atocha, y el clima permanente de golpe de Estado militar que fraguó el 23 de febrero de 1981 cuando se estaba en el acto de investidura de su sucesor Leopoldo Calvo Sotelo. Y tampoco puede calificarse de camino de rosas la presidencia de Mariano Rajoy que heredó una pavorosa crisis económica mucho más grave de lo que se podía reconocer (un agujero de 30.000 millones de euros) porque de haberlo hecho la entonces amenaza de intervención económica de los hombres de negro habría sido absolutamente inevitable.

Estoy seguro de que a Adolfo Suárez y a Mariano Rajoy les hubiera gustado un comportamiento más amable y colaborador de la oposición, así como una prensa mucho más pesebrista y aduladora. Pero no tuvieron ni una ni la otra. No sé si lo llegaron a pedir, pero lo cierto es que la oposición del PSOE tanto a Adolfo Suárez como a Mariano Rajoy fue implacable. Y lo mismo cabe decir de la prensa que ejerció con total limpieza democrática su irrenunciable libertad de información. Por eso, se puede decir que todo lo sucedido en este corto andar de nuestra democracia ha desembocado en que actualmente la opinión pública española sea verdaderamente libre y plural.

Ha bastado, sin embargo, que haya surgido una importantísima dificultad, la devastadora pandemia del coronavirus, para que el actual Gobierno de la Nación, ejemplo meridiano de la ineptocracia de la que habló Jules Ormesson, haya declarado por primera vez en la democracia el Estado de Alarma (artículo 116.2 de la Constitución). Y por si fueran pocas las facultades que otorga dicho Estado de Alarma al Gobierno este está rogando encarecidamente a la oposición y a la prensa que dejen de ejercitar las funciones democráticas que les atribuye la Constitución y que no están afectadas por el indicado estado de alarma.

En efecto, a la oposición, el Gobierno central, al tiempo que la ignora absolutamente en las discusiones de las medidas a adoptar tanto sanitarias como económicas, le pide una unidad (unilateral), que Sánchez jamás concedió cuando podía hacerlo, y que apoye con los ojos cerrados y sin rechistar todas las ocurrencias que vaya teniendo el Gobierno.

Pero con ser esto sorprendente, lo es todavía más las restricciones a que viene sometiendo el Gobierno a la prensa. Hasta tal punto está intentando este Gobierno coartar la sagrada libertad de información que más de cincuenta de los más prestigiosos periodistas de nuestro país han firmado una carta pública solicitando "libertad para preguntar". En efecto, periodistas de distintos medios de comunicación, como Bieito Rubido, Luis Ventoso, Victoria Prego, Fernando Jáuregui, Arcadi Espada, Ignacio Camacho, Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera o Ana Pastor, entre otros muchos, han firmado un manifiesto que denuncia la censura del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, en las ruedas de prensa del Gobierno.

Pues bien, es la primera vez en nuestra democracia en que periodistas de varios medios españoles firman un documento para denunciar los impedimentos del Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias para informar libremente de la crisis del coronavirus. Para que los lectores vean con claridad el restrictivo proceder de Oliver, este no solo elige previamente de entre las preguntas realizadas por los medios las que va a transmitir al presidente, a los ministros o a los portavoces del comité técnico, para que estos las respondan plácidamente. Es que el manifiesto denuncia también que el secretario de Estado de Comunicación ha llegado a formular personalmente alguna pregunta al presidente del Gobierno sin estar entre las enviadas por los medios de comunicación o ha corregido públicamente a alguno de los técnicos, como al DAO de la Policía.

El actual Gobierno no solo está dedicado al marketing para ocultar el caos. Es que piensa que la sociedad española no es adulta, plural y libre y que hay que manejarla para que no se enfrente con la dura realidad.

Un ejemplo bastará para comprender lo que digo. El prestigiosísimo Imperial College de Londres (una de las mejores Universidades del mundo) acaba de publicar los resultados de una investigación en la que se estima que hasta el 28 de marzo han sido infectadas por el coronavirus sobre 43 millones de personas en los 11 países europeos con más casos (Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Noruega, España, Suecia, Suiza y Reino Unido), lo que representa entre el 1,88 y el 11,43 por ciento de la población de esos países. En ese informe se dice también que las medidas aplicadas en España han salvado unas 16.000 vidas desde el inicio del brote. Y se añade que en España hay 7 millones de infectados por coronavirus. Pues bien, en una de sus intervenciones Pablo Iglesias citó expresamente la parte del Informe en la parte que hablaba de que las medidas aplicadas habían salvado 16.000 vidas. Pero omitió toda referencia a que en España la cifra de los de infectados era de 7 millones de personas.

¿Es que solo estamos preparados para oír lo bueno que hace el Gobierno y no la parte de la misma investigación en la que se habla de las cifras europeas de contagios y asignaba a España 7 millones? ¿Creen que si algún medio hubiese hecho la pregunta de la cifra de los 7 millones sería admitida por el secretario de Estado Oliver?