El eminente jurista y filósofo italiano Luigi Ferrajoli, antiguo magistrado y una autoridad intelectual en Filosofía del Derecho, ha planteado recientemente la necesidad de crear una Constitución de la Tierra, es decir, una ley suprema a escala planetaria capaz de regular el orden mundial y de prever respuestas conjuntas a situaciones y problemas de carácter global como la actual pandemia de coronavirus que afecta ya a prácticamente todos los países del orbe; así como el calentamiento global, las migraciones, la evasión de impuestos a través de paraísos fiscales, los abusos de las grandes compañías transnacionales que practican la deslocalización, o la trata de seres humanos.

Todos estos fenómenos se relacionan con una globalización o mundialización de facto de la economía, la tecnología, los transportes y las telecomunicaciones, frente a la que los actuales Estados-nación y sus leyes particulares se ven desbordados. Solo una regulación legal homogénea a nivel mundial podría garantizar la unidad de acción y la coherencia necesarias para hacer frente a los desafíos que tal globalización plantea, el último de los cuales hasta ahora es precisamente la crisis derivada de la extensión universal del coronavirus. La inexistencia de tal regulación es la que permite que cada país opere por su cuenta con criterios distintos, y ello determina inevitables consecuencias para los demás: por ejemplo, la insuficiencia de las medidas adoptadas en un estado conlleva la generalización de la pandemia más allá de sus fronteras, pero también la contaminación atmosférica producida en uno afecta a otros, o los datos de los usuarios de las grandes tecnológicas se venden y manipulan sin trabas en países donde hay un vacío legal al respecto, etc.

Además, solo una Constitución mundial, auspiciada por la ONU, puede contribuir a la preservación de los derechos humanos en todo el planeta, así como a la superación de las injusticias derivadas de las grandes desigualdades entre las diversas regiones, las guerras y el hambre. Tal vez haya quien diga que de lo que aquí hablamos es una utopía, que es imposible que todos los países se pongan de acuerdo en el mínimo denominador común indispensable para promulgar esa Constitución; y sin embargo, se trata de una utopía necesaria y muy realista si por realidad entendemos la existencia de vida humana en la Tierra, que corre serio peligro en caso de que, en ausencia de una norma universal consensuada, se deje de desarrollar una acción coordinada, común y eficaz para enfrentar las grandes amenazas que, como humanidad, nos acechan.