Las mascarillas que compró el Gobierno por medio de un intermediario chino, aparte de defectuosas y de haber contribuido al contagio de muchos profesionales de la sanidad, resulta que salieron también más caras que las que gestionaron por su cuenta las autonomías que, por lo que se ve, no han fallado. Después de dos tentativas fake, al intermediario, que se llama Hangzhou Ruining, le han pedido que cambie de proveedor a ver si esta vez hay suerte. Por aligerar, el apellido, Ruining, presagia lo peor.

Todos los países han tenido dificultades y problemas en la gestión del coronavirus, es cierto que unos más que otros y para comprobarlo solo hace falta mirar las cifras de contagios y de muertos, pero en ninguno ha trascendido una estafa a escala de las mascarillas y de los test, igualmente defectuosos, que compró dos veces el Ministerio de Sanidad. En ninguno, al menos, se ha convertido en noticia por sus fatales repercusiones para la protección de los que tienen que velar por la salud de los demás en los hospitales. El asunto, no se puede ocultar, es de gravedad extrema.

Pero el Gobierno prefiere, como es natural, minimizar la cadena de errores. Sánchez respondió a las críticas de incompetencia e improvisación de sus adversarios políticos acusando al Partido Popular de los recortes sanitarios e intentando cargar, supongo yo, en sus predecesores la responsabilidad de que porcentualmente España comparta el lugar más alto de la liga del coronavirus. La refutación de la teoría esgrimida por Sánchez del deterioro de la sanidad pública que, efectivamente se ha venido produciendo desde la crisis de 2008, está en el ejemplo de Grecia. No creo que exista un país de la UE donde se hayan recortado tanto los servicios sanitarios y, sin embargo, las cifras de los griegos, que supieron reaccionar mejor ante la pandemia ahí están, con 2.408 casos confirmados, 577 curados y 121 muertos, frente a los más de 21.700 de este país.