Hay una tendencia natural del Gobierno -de todos los Gobiernos, cualquiera que sea su signo político- a controlar la información. Ello le permite magnificar sus logros y ocultar, o al menos relativizar, sus fallos. Hay una tendencia natural del Poder, que quiere cada vez más poder, a la opacidad, al ocultamiento a la opinión pública de los verdaderos motivos y de las eventuales consecuencias negativas de sus decisiones.
En una democracia hay por fortuna mecanismos para frenar posibles abusos: el primero es, por supuesto, la clásica división de poderes, teorizada en su día por John Locke y Montesquieu. Y entre ellos está también la prensa, están los medios de comunicación clásicos, entre cuyas funciones figura la de controlar la acción de gobierno y denunciar posibles excesos, evitando así la tiranía.
Viene todo esto a cuenta de lo sucedido hace unos días durante la sesión informativa del Gobierno sobre la evolución de la pandemia del coronavirus y las medidas que está adoptando para intentar frenar su avance entre la población. En ella, el jefe del Estado mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, cometió lo que, para ser benévolos, podía interpretarse como un simple desliz, pero que tiene, sin embargo, graves implicaciones.
Lo primero que haría que preguntarse es por la presencia diaria en esas sesiones informativas de uniformados. El Gobierno parece haberse tomado al pie de la letra lo que en principio no era más que una metáfora: la "guerra" contra el "enemigo invisible" que es el coronavirus. El general Santiago habló de que el cuerpo que dirige está dedicado a perseguir los muchos bulos que circulan por las redes para "minimizar el clima contrario al Gobierno". Uno se imagina que el general de la Benemérita quiso decir "clima contrario al Estado o a sus instituciones", entre las que está, por supuesto, también el Gobierno.
No cabe duda de que hay una campaña en marcha por tierra, mar y aire para invertir el resultado de las últimas elecciones y acabar con el Gobierno de coalición, que la derecha considera ilegítimo, descabalgando del mismo a Unidas/Podemos. Hay un auténtico aluvión de noticias falsas que circulan por las redes, muchas de ellas lanzadas desde foros ultras, replicadas por la derecha y recogidas luego irresponsablemente por ciertos medios de comunicación y los tertulianos que en ellos se expresan.
Resultaría agotador, si no imposible, intentar responder a todos los infundios y mentiras que se leen y escuchan tanto en los medios tradicionales como en las llamadas "redes sociales". Sobre todo tener que hacerlo en medio de una pandemia, que requiere que el Gobierno le dedique todos sus esfuerzos. Tal tarea competería en cualquier caso a los propios medios de comunicación, que dan muestras de la mayor irresponsabilidad y faltan gravemente a su deber deontológico cuando recogen y difunden noticias falsas, que no han contrastado antes, con el único fin de aumentar el clima de crispación.
No hay que confundir en cualquier caso el derecho a la información, a una información veraz, con la libertad de expresión. Una cosa es criticar al Gobierno y a las demás instituciones, monarquía incluida, algo que está amparado por la libertad de expresión, y otra, muy distinta, difundir a sabiendas noticias falsas. Para esto último están los tribunales.
Criticar al Gobierno, del color que sea, es no solo permisible, sino incluso deseable en democracia siempre que la crítica se base en hechos comprobados y ciertos y no en simples bulos que algunos propalan anónimamente con fines desestabilizadores. Esto último es lo que debería realmente preocuparnos como demócratas.
