En la última sesión de control al Gobierno en el Congreso, una diputada de ERC preguntó al ministro de Justicia: "¿piensa el Gobierno español considerar como terrorista al movimiento antifascista?". Al responder a esta pregunta (por cierto de rabiosa actualidad (?), el ministro habló en términos difícilmente comprensibles, al afirmar, entre otras cosas, que estamos sufriendo "una crisis sanitaria con unos enormes brotes económicos pero que realmente lo que determina es una crisis constituyente". Y añadió un poco más tarde "junto a la crisis constituyente tenemos también un debate constituyente".

En los momentos actuales, que el ministro de Justicia mencione la palabra "constituyente", unida a las expresiones "crisis" y "debate", erizó la piel a una parte de la clase política que confía más bien poco en la lealtad del Gobierno de la Nación, sus socios y adláteres a nuestra Constitución. Como ninguna de las expresiones mencionadas por el ministro tiene un significado claro y se presta a distintas interpretaciones se desataron las especulaciones sobre qué quería decir. Como no podía ser de otro modo, no fueron pocos lo que pensaron que el ministro de Justicia aludía a que estaba en marcha una posible reforma constitucional.

A mí me parece que hoy por hoy es impensable una reforma de la Constitución. Los que están a favor de la reforma piensan, sobre todo, en dos modificaciones: la forma política del Estado (les gustaría sustituir la monarquía parlamentaria por la república) y la indisolubilidad de la unidad de España residenciando la soberanía nacional en el conjunto del pueblo español (con una soberanía simplemente autonómica se podría declarar la independencia de Cataluña). Pues bien, al estar tales materias en el Título Preliminar de la Constitución, la reforma necesitaría que el nuevo texto fuese aprobado por la mayoría de dos tercios de cada Cámara. Lo cual hoy por hoy es impensable.

Hubo también quien entendió que lo que perseguía el ministro era contentar a los independentistas a los que les complacería cualquier mención a la expresión "constituyente", la cual les haría renacer la esperanza de empezar a tratar de lo suyo. Pero pensar que los independentistas se van a contentar con unas simples alusiones al término "constituyente" es tomarlos por ingenuos o excesivamente crédulos y hasta ahora no han dado muestras de que lo sean.

La reacción del Gobierno al debate suscitado por las palabras del ministro no se hizo esperar. Y así el Ejecutivo señaló, de un lado, que era "absurdo" pensar en plena crisis de la pandemia en una reforma de la Constitución que requeriría unos consensos que ahora son "inimaginables"; y, de otro, que al ministro se le entendió mal y que con la palabra "constituyente" quería referirse a "existencial" por la nueva era "post-Covid".

Sin duda fue el diputado Adolfo Suárez Illana el que mejor explicó lo que "planea" sobre la mente del Gobierno y sus allegados cuando justificó su voto negativo, rompiendo la disciplina de partido, a una proposición no de ley "relativa a la retirada de condecoraciones a funcionarios y autoridades franquistas que hubiesen observado conductas incompatibles con los valores democráticos y los principios de protección de los Derechos Humanos".

En efecto, en la nota que hizo pública el diputado Adolfo Suárez para explicar su voto negativo afirma: "Hoy se votaba una Proposición no de Ley tramposa, engañosa, en la que, tras el parapeto de hechos lamentables, manipulando los sentimientos de los españoles, se pretende hacer saltar la Constitución". Y añade -y tal vez esté aquí la clave de todo- "una cosa es cambiar "la" Constitución y otra muy distinta pretender cambiar "de" Constitución. A lo primero no hay nada que objetar, pero a lo segundo, sí. Porque lo primero implica reconocer la legitimidad de la Constitución, que prevé su propio proceso de reforma, pero lo segundo lleva aparejada la deslegitimación de la Constitución y su destrucción".

Y finaliza Adolfo Suárez: "Para preservar la calidad de nuestra democracia, es mucho más urgente que esta Cámara solicite del vicepresidente segundo una retractación pública de su idea de que "ETA y la izquierda vasca fueron los primeros en haberse dado cuenta de que la Constitución no instauró en España una auténtica democracia".

A la vista de lo que antecede no hay que descartar que el verdadero debate resida, en rigor, en si hemos entrado o no más en un período "deconstruyente" que "constituyente" con respecto a la Constitución. Y es que como no es posible abrir un período "constituyente" que supondría cambiar la Constitución, porque, como reconoce el Gobierno, no existe el consenso necesario, los que quieren acabar con el espíritu de la Transición de 1978 intentan cambiar "de" Constitución "desconstruyendo" ("deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura"), pero no el texto de la Constitución, sino la convivencia democrática que ha instaurado nuestra Carta Magna.

A la vista de la pandémica locura revisionista de la Historia en la que estamos inmersos estos días, en la que se condena, sin juicio alguno, por racismo a figuras como Churchill, a películas que son obras de arte como Lo que el viento se llevó, y se decapitan por dicha razón estatuas de Colón y de la Reina Victoria, no hay que descartar que se intente hacer lo mismo (aunque no por racismo sino por otros motivos inconfesables) con la pacificadora y fructífera Constitución española de 1978.