Que yo sepa, aunque quizá me equivoco, el Gobierno de España está regido por el principio constitucional de colegialidad -el Consejo de Ministros es un órgano colegiado que integran todos los titulares de las carteras- y por el principio, también constitucional, de solidaridad -que dicta que el Gobierno responde de forma solidaria respecto de la actitud de cualquiera de sus ministros-.
Que yo sepa, aunque quizá yerre, el Gobierno actual, el segundo del presidente Sánchez, es de coalición y forman parte de él tanto ministros del Partido Socialista Obrero Español como de Unidas Podemos, incluyendo en este último caso incluso la vicepresidencia segunda. Así que, si acierto en ambos casos, se entiende mal -vamos, no se entiende en absoluto- que desde Unidas Podemos reprochen a la ministra de Educación, Isabel Celaá, una falta de liderazgo a la hora de imponer a las comunidades autónomas un criterio único dictado desde arriba que establezca las reglas y condiciones de la vuelta a las aulas de los escolares. Peor aún; notorios dirigentes de esa formación que integra a Podemos e Izquierda Unida han aireado cuáles son sus exigencias para que Gobierno encauce el nuevo curso. ¿Pero no eran secretas y confidenciales las discusiones de los consejos de ministros?
Desde el punto de vista formal, la ministra Celaá puede escudarse en que las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas y, por ende, a ellas corresponde dictar las normas en que van a impartirse las clases en este curso que ya está aquí. Otra cosa es que gocemos (?) de un Gobierno que, desde que se declaró la pandemia, ha puesto las exigencias de un control centralizado de las gestiones relacionadas con la salud de los ciudadanos por encima de lo que dice la letra de las transferencias. Los partidos nacionalistas vacos y catalanes se quejaron de manera amarga de la por ellos llamada imposición. Pues bien, ¿qué sucedería si ahora fuese el Gobierno, por muy de coalición que se muestre, el que manda y ordena en el tipo de clases que se deberán impartir? Que semejante exigencia -centralista por definición- la reclamen desde Unidas Podemos, tan soberanista como el que más, no deja de ser una paradoja a la que podríamos llamar divertida si no nos estuviésemos jugando desde la salud de los españoles a la educación de sus hijos.
Pero tenemos muestras ya de sobras que ni Unidas Podemos ni el actual Partido Socialista Obrero Español -irreconocible si se compara con el de Felipe González- están por la labor de gobernar. Dejar en manos de 17 subgobiernos la vuelta a las aulas es tan pintoresco como ofrecer a las comunidades autónomas que sean ellas las que soliciten aplicar el estado de alarma en su territorio, medida absurda donde las haya si tenemos en cuenta lo que le importan al coronavirus las divisiones administrativas. Con lo que no sabemos ni cómo va a ser en realidad el nuevo curso, ni qué medidas de control de la pandemia nos llegarán. Aunque, con eso, ya sabemos bastante.
