España afronta, por fin, la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado después de un bienio en que la polarización política obligase a prorrogar los de 2018. Aquellas cuentas fueron diseñadas y aprobadas por un Gobierno de perfil político bien diferente al actual y en un momento que en nada se parece al que vivimos. La incompetencia política de los dos últimos años impidió un mínimo consenso para adaptar los presupuestos a la evolución de la economía y la sociedad españolas. Una tercera prórroga se hacía absolutamente inviable para encarar los retos económicos, laborales, financieros y sociales que afronta España derivados de la pandemia del coronavirus. Por eso, ante todo, la presumible entrada en vigor de unas nuevas cuentas, reforzadas por el comienzo de la inyección financiera de la Unión Europea, debe saludarse con optimismo y con la indudable exigencia de que el Gobierno cumpla lo que en ellos promete. Demostrado está que el papel lo soporta todo. Es el momento, más que nunca, de pasar de las palabras a los hechos.

De promesas de Estado incumplidas saben bien A Coruña y su área metropolitana. Proyectos vitales para el principal polo económico de Galicia, como la regeneración de la ría de O Burgo, han asomado cada octubre y noviembre en el anteproyecto del presupuesto sin que un año después nada se materializase. Por eso, aunque ahora toque evaluar el contenido de las cuentas, el verdadero examen lo pasará el Gobierno cuando dentro de un año analicemos si los planes anunciados en las cuentas del Estado han avanzado y si a aquellos que ahora quedan relegados, fundamentalmente carreteras, se les ha dado impulso administrativo suficiente para avanzar en su tramitación y encarar la licitación de las obras.

Los Presupuestos Generales del Estado para A Coruña y su comarca suenan a antiguos en cuanto a proyectos. Ninguna nueva actuación de calado respecto a pasados ejercicios. En buena medida porque todo lo esencial ha quedado empantanado en los últimos años, víctima de la polarización política y de la incapacidad de los representantes públicos de alcanzar acuerdos presupuestarios. La relación no es nada novedosa: ría de O Burgo, estación intermodal, ampliación de Alfonso Molina, duplicación del puente de A Pasaxe, conexiones de la tercera ronda con la autopista AP-9 (Vial 18) y la carretera del puerto exterior, variante ferroviaria de Betanzos, rehabilitación de la sede de la Real Academia Galega... Viejos proyectos conocidos a los que la inoperancia política ha convertido en clásicos secundarios de los presupuestos del Estado, con todavía clamorosas ausencias, como la del ferrocarril del puerto exterior de punta Langosteira, sin un solo euro consignado y sin confirmación estatal sobre cómo se financiará una obra que ronda los 140 millones.

El Gobierno, en sus cuentas para A Coruña, apuesta por la recuperación ambiental de la ría y por el empuje a la intermodal, y relega las grandes infraestructuras viarias. Para O Burgo, presupuesta 20 de los 48,5 millones en 2021 y deja el resto para el siguiente ejercicio. Para la estación, 50,7 millones repartidos en un trienio (18,6, 21,2 y 10,7 millones). Sin duda es una buena noticia que ambos reciban, al fin, una dotación presupuestaria sustancial después de años con partidas simbólicas jamás ejecutadas.

Más dudas genera el atasco en que se sumen dos infraestructuras básicas en la conectividad por carretera: la avenida de Alfonso Molina y el puente de A Pasaxe. La ampliación del acceso, con un presupuesto global de 19,1 millones, recibe unos paupérrimos 100.000 euros y ni uno solo para los siguientes ejercicios. Las cuentas del Estado ponen en entredicho el anuncio hecho este mismo mes por la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, que fijó para 2021 la licitación de la pasarela de Pedralonga sobre la avenida, que forma parte del proyecto de ampliación de Alfonso Molina. Malamente se podrá levantar pasarela alguna sin fondos con los que pagarla.

La situación se repite con A Pasaxe. Apenas cuenta con dinero para completar el proyecto de construcción, ya anunciado a bombo y platillo por el entonces alcalde, Carlos Negreira, a solo cuatro meses de las elecciones municipales de 2015. Cien mil euros para finalizar el proyecto y sin asignación económica alguna en los ejercicios siguientes para licitar la obra, con un coste estimado de 24,5 millones.

La ausencia de financiación para las ampliaciones de A Pasaxe y de Alfonso Molina resulta flagrante dado el avanzado estado que se supone a sus proyectos. Más comprensible resulta la aportación simbólica para otros cometidos, como las mencionadas conexiones de la tercera ronda o la variante ferroviaria de Betanzos. Por su inicial estado de tramitación, sin los bocetos siquiera diseñados, el anuncio de inversiones sustanciales resultaría anecdótico y de cara a la galería. Ese pragmatismo, sin embargo, no debe ocultar el lento discurrir de estos proyectos en el Ministerio de Fomento, con más frenazos que acelerones, cuando no paradas en seco por errores de bulto, como los que obligaron a reiniciar, en 2019, la tramitación del enlace entre la tercera ronda y la AP-9. El primer intento arrancó en 2015, pero las irregularidades en los pasos seguidos para aprobar la propuesta de trazado exigieron a Fomento retomar el proceso. Un cuatrienio tirado por la borda.

La prueba de fuego de los Presupuestos Generales del Estado se verá, como decimos, dentro de un año. Entonces habremos comprobado si las máquinas entraron a retirar los lodos de la ría o si las grúas se alzan sobre la estación de San Cristóbal. El Gobierno está a las puertas de tener las cuentas que tanto tiempo llevaba anhelando. Ya no tiene excusas, menos en una situación en que la inversión pública debe tirar de una economía herida por la brutal crisis provocada por la pandemia. Y A Coruña no se debe conformar con estas cuentas. Es imprescindible que, además de ejecutar lo que se pueda ejecutar, el Gobierno avance en las innumerables deudas en infraestructuras que mantiene con nuestro territorio.