Como seguramente sabrán, la Sección 8ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante el auto nº 48/2021 de 14 de marzo de 2021, denegó “la medida cautelar de suspensión instada por los letrados de la Asamblea de Madrid respecto del Decreto 15/2021, de 10 de marzo, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de disolución de la Asamblea de Madrid y de convocatoria de elecciones”. En consecuencia, y salvo que se interponga el correspondiente recurso y se revoque esta resolución, todo parece indicar que el 4 de mayo del presente año los madrileños acudiremos a elegir a nuestros representantes en la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Se nos ha convocado, pues, a unas elecciones autonómicas y, sin embargo, parece que tienen una repercusión y una importancia que excederían con mucho de la función de cubrir los escaños en la Asamblea de dicha comunidad autónoma. Es innegable que estas elecciones van más allá de su específico cometido. Lo cual se debe a que son consecuencia de una estrategia del Gobierno de la Nación que pretendía, a través de mociones de censura, en la que participaría también el partido Ciudadanos, hacerse, entre otros, con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. De suerte que se repetiría a nivel de las comunidades autónomas implicadas la misma estrategia que utilizó el partido socialista de Pedro Sánchez para hacerse con el Gobierno de la Nación.
Durante la mañana del pasado día 10, la presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo noticia de que el partido socialista y Ciudadanos, habían presentado una moción de censura en la comunidad autónoma de Murcia y en el Ayuntamiento, y como no se fiaba del todo de su socio de gobierno, se anticipó a la posible estrategia de esos dos partidos de presentar otra moción de censura en Madrid, y haciendo uso de una medida tan legal como la moción de censura decretó la convocatoria anticipada de elecciones.
Por lo que declaró la propia Isabel Díaz Ayuso, en lugar de que decidieran sobre la Presidencia del Gobierno autonómico los representantes que eligieron los madrileños en las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019, prefirió darles de nuevo la palabra a los electores para que fueran éstos los que decidieran a quiénes otorgaba su confianza. Díaz Ayuso consideró que era mucho mejor y más actual que fueran los madrileños los que el 4 de mayo de 2021 —teniendo en cuenta, por tanto, todo lo sucedido desde la últimas elecciones hasta esa fecha— eligieran a los nuevos representantes en la Asamblea autonómica y, a través de ellos, a quien habrá de presidir el futuro Gobierno regional.
La decisión estratégica de Díaz Ayuso de anticipar las elecciones parece muy acertada. Las encuestas sobre la intención de voto así parecen reflejarlo y las cualidades personales de la candidata a presidente son otra razón que revela que su decisión de anticipar las elecciones ha puesto patas arriba el tablero electoral. Y es que, como resumía acertadamente en el Abc del domingo Luis Ventoso, Díaz Ayuso “se ha atrevido a confrontar el mito de la superioridad moral de la izquierda”, “no intenta ser políticamente correcta”, “niega que el progresismo ostente la razón” y “se muestra convencida de que su visión liberal es más parecida a la realidad y los anhelos de las personas de carne y hueso”.
Sin embargo, toda esa estrategia tiene, a mi juicio, un punto débil, que puede rebajar su previsible éxito electoral y lo que pueda resultar de las elecciones del 4 de mayo para el resto de España. En efecto, Díaz Ayuso, sin duda simplificando en exceso su mensaje, afirma que en las futuras elecciones se opta entre socialismo o libertad. Es cierto que cuando describe el socialismo al que opone la libertad es el “social-comunismo” que preside Sánchez. En la entrevista del Abc del domingo dice Díaz Ayuso que está contra “las subidas masivas de impuestos, cierres de comercios, medidas sanitarias como los cierres sin informes sanitarios, o imponer a través de la Ley Celaá que las familias no elijan el tipo de educación que quieren para sus hijos o que un comerciante no pueda abrir los domingos o nuestra manera de vivir a la madrileña… y cómo sentirse sin ser tratada como un colectivo”.
Está claro que la presidenta acierta al describir la libertad que defiende. Pero no es menos cierto que el socialismo clásico, el representado en España por Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo Terreros, Francisco Vázquez, y Rodríguez Ibarra, entre otros, no solo nunca atacó esas libertades, sino que en buena parte son los artífices de que disfrutemos de ellas. Tanto es así que no me equivoco si afirmo que todos ellos están oponiéndose, bien sea personalmente, bien sea a través de plataformas de la sociedad civil, al recorte de libertades que venimos padeciendo por culpa del “social-comunismo”.
Por tal razón, partiendo de la premisa indubitada de que los personajes mencionados se sienten con legítimo orgullo socialistas y que siguen defendiendo su visión de lo que es el socialismo en la que no entra los mencionados recortes de la libertad, es erróneo por impreciso y falto de rigor contraponer el socialismo, sin matizar, a la libertad. No solo no son términos antitéticos es que rectamente entendido el socialismo democrático ha sido un decidido defensor de las libertades constitucionales.
De lo que antecede se desprende que hay que corregir el eslogan electoral. Hay que oponer la España constitucional con las libertades de 1978 al modelo que nos está imponiendo el actual Gobierno de la Nación. Debe precisarse con el máximo rigor y sin que induzca a error o engaño que lo que se opone a la libertad es el “social-comunismo” de Sánchez y Pablo Iglesias.
