Por si fuera poco el agravio histórico inaceptable soportado por los gallegos con los peajes de la AP-9, de los más altos del país, el Gobierno central viene ahora de anunciar la posibilidad de implantarlos en todas las autovías de España. En el caso de Galicia, si ya no tienen justificación tarifas tan gravosas como las que se aplican en su principal eje vertebrador, todavía a la espera de las bonificaciones prometidas por Fomento, aún menos el tener que pagar además por el uso de las autovías que nos unen con la Meseta y el Cantábrico. Porque no solo supone doblar el castigo sino un lastre inaceptable para la economía de territorios como el nuestro, situado en los confines del continente, penalizado sin corredores ferroviarios de mercancías y todavía lejos de la necesaria convergencia y de los servicios públicos de los que sí gozan desde hace tiempo otras comunidades mejor tratadas.

La pretensión del Gobierno de extender los gravámenes a las autovías, hoy gratuitas, para costear su mantenimiento y aliviar las paupérrimas arcas del país exhaustas por la pandemia ha provocado ya una creciente contestación social y también política. Tanto es así que tras hacerse pública, el Ejecutivo la ha ido modulando paulatinamente. Tras la urgencia inicial, el ministro Ábalos pasó a condicionar su posible aplicación, prevista para 2024, al respaldo previo de los partidos del arco parlamentario. También la vicepresidenta Calviño, defensora del pago, propugna esperar a que “mejore la situación” y la recuperación esté encauzada, en un intento de enfriar la polémica abierta.

También aquí el Gobierno vuelve a estar dividido. Poco han tardado sus socios de coalición en rechazar la propuesta. Esta misma semana, al filo del debate de una moción del PP en el Congreso para pedir su retirada, Unidas Podemos mostró su oposición a la misma. En Galicia, donde los consensos también son excepcionales, el Parlamento autonómico cerró filas en contra de su aplicación. A instancias del BNG, la Cámara gallega rechazó de forma unánime —socialistas incluidos— cualquier peaje en las autovías al considerarlo regresivo y un freno al desarrollo y la cohesión social de nuestro territorio. Lo hizo también la Diputación de A Coruña, que, este viernes, aprobó por unanimidad una iniciativa de Marea Atlántica para continuar con el libre uso de las autovías y rechazar que se cobre a los usuarios por el uso de estas infraestructuras.

El debate sobre la necesidad de sufragar el mantenimiento de estas infraestructuras de una manera directa, haciendo pagar al usuario por kilómetro recorrido, no es nuevo ni muchos menos. Basta echar un vistazo a la hemeroteca para constatarlo. Es verdad, como alega en su defensa el Ejecutivo de Sánchez, que el anterior Gobierno del PP ya sopesó este mismo modelo de pago, pero en ningún caso llegó finalmente a implantarlo. También lo es que otros países europeos lo aplican. Incluido el vecino Portugal, que se vio abocado a ello en el plan que presentó a la Troika —FMI, Unión Europea y BCE— en 2013 como una de las condiciones para su rescate. De hecho, el Ejecutivo español lo ha incluido ahora en los planes enviados a Bruselas para modernizar la estructura del país a cambio de los 140.000 millones que llegarán de Europa para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia.

Alega la vicepresidenta Calviño que España no puede rechazar el modelo de peajes del resto de contribuyentes europeos, pero lo cierto es que no está establecido en todos ellos. Aunque más allá de razones y del argumentario de unos y otros, lo que es indiscutible es que en los comicios celebrados a las puertas de la pandemia ningún partido, incluyendo los ahora socios de Gobierno, tuvo el arresto de incluir este pago por uso en sus programas electorales.

El problema es que este tipo de medidas, por necesarias que parezcan, van en contra del futuro y del progreso, en especial de los territorios más aislados y distantes como es el caso de Galicia, y por tanto en clara desventaja a la hora de acceder a los mercados. Además de entorpecer la libre circulación de personas y mercancías, debilitan el consumo y castigan los márgenes de competitividad de las empresas asentadas en la región.

Es evidente que la carencia de vías rápidas de ferrocarril, tanto para pasajeros como para mercancías, dificulta aún más el crecimiento del Noroeste peninsular y causa un notable perjuicio a sus habitantes. El peaje supondría además penalizar a las clases medias y en especial a trabajadores de sectores como el transporte, que utilizan las autovías para su desempeño laboral.

No se trata de alimentar la rivalidad entre comunidades autónomas, ni tampoco de negar la evidencia. Las infraestructuras hay que costearlas. La construcción y el mantenimiento de la red viaria exige un esfuerzo presupuestario que de algún bolsillo tiene que salir y de alguna partida detraerse. Derruir o abandonar lo ya hecho no es una opción. Pero habrá que repartir proporcional y solidariamente el esfuerzo, cosa que no se está haciendo. No es justo hacer pagar a todos por igual, sin atender como en el caso de Galicia a su periférica situación geográfica, más que ninguna otra. Y con un déficit histórico de dotación de servicios públicos con respecto a otras comunidades del Estado. La medida, sin duda, generaría un mayor desequilibrio territorial y aumentaría todavía más la desigualdad de oportunidades de inversión en Galicia y el Noroeste en general.

Los gallegos soportan peajes de los más altos de España, también para viajar a Madrid con la tarifa en Guadarrama. El agravio se multiplica exponencialmente si se considera que Galicia tiene también los precios de sus combustibles entre los más caros, una red ferroviaria obsoleta a la espera de la puesta en marcha de un AVE del que otros territorios se benefician desde hace décadas, y conexiones aéreas ya insuficientes mucho antes de que la pandemia redujese los servicios por tierra y aire a la mínima expresión. Y todavía tardará lustros en disponer del corredor ferroviario de mercancías que le dé salida directa a Europa.

Por todo ello, el Noroeste debería encontrar elementos correctores en una mayor conectividad con los principales ejes de riqueza del país. No es aplicando tasas a sus autovías la manera de contribuir a acortar las desigualdades que lastran su desarrollo. Por ese camino, quienes gobiernan solo contribuirán a dejarlo cada vez más orillado. Encarecer esos flujos con nuevos peajes es, en el caso de Galicia, imperdonable.