En la escalada de argumentos aducidos por Pedro Sánchez para justificar la concesión de los indultos a los secesionistas sin que ese acto totalmente discrecional tenga para él coste electoral alguno, agregó a mediados de semana uno nuevo, para mi sorprendente: dice que el “perdón” a los sediciosos es como la concordia que, “durante la Transición, supo sentar a la misma mesa a dos bandos que habían hecho la guerra”.

Por si eso fuera poco, añadió recientemente que comprende que los ciudadanos puedan tener reparos ante la medida de gracia que adoptará el Gobierno, pero nos pidió “comprensión y magnanimidad”. Porque —expuso— “tenemos que hacer una apuesta por la convivencia, por la reparación de los errores. La sociedad española tiene que transitar de un mal pasado a un futuro mejor”.

Llevo muy mal que quieran engañarme y, por eso, no puedo quedarme callado. Y es que el presidente nos pide que seamos magnánimos, pero no para reparar errores y cambiar un mal pasado por un futuro mejor, sino para que él pueda seguir en La Moncloa y se beneficie a unos traidores que tienen la intención de reincidir.

El artículo 30 de Ley del indulto de 18 de junio de 1870 dispone que “la concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en decreto motivado y acordado en Consejo de Ministros”. Es decir, el Gobierno de Pedro Sánchez puede decidir por sí solos y discrecionalmente —sin necesidad de ningún otro requisito ulterior— si concede o no los indultos. En consecuencia, todos los esfuerzos que vienen realizando Pedro Sánchez y su Gobierno lo que buscan es que la ciudadanía vea con buenos ojos la concesión de los indultos. Dicho con más claridad: pidiendo magnanimidad al pueblo lo que busca Sánchez es no comerse él solo el marrón (“cargar con la culpa”) de indultar a los sediciosos y se minimice el impacto negativo que tendrá para el Gobierno su otorgamiento.

Pero si las cosas son así, ¿tiene algún sentido que los ciudadanos seamos magnánimos? Probablemente lo tendría si el indulto supusiese realmente una apuesta por la convivencia futura y supusiese de verdad el tránsito de “un mal pasado a un futuro mejor”.

Hay dos datos fácticos, sin embargo, que inducen a creer que la concesión de los indultos no tiene esos objetivos. El primero lo pone de manifiesto el Tribunal Supremo en el Informe de 26 de mayo de 2021, preceptivo pero no vinculante, que es desfavorable a la concesión de los indultos. Dice textualmente el Tribunal Supremo: “esta Sala no puede hacer constar en su informe la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento. Ni siquiera flexibilizando ese requerimiento legal y liberando su exigencia de la necesidad de un sentimiento de contrición por el hecho ejecutado, podríamos atisbar una voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado por el delito. El mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática”.

Este dato, reseñado por el propio Tribunal sentenciador en su Informe, acaba de ser corroborado por unas declaraciones de Miriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya, en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero, y por un documento interno de ERC intervenido por la Guardia Civil el pasado mes de octubre. Ambos testimonios van en la misma línea y señalan que o la mesa de negociación desemboca en una declaración de amnistía y en un referéndum de autodeterminación o los secesionistas volverán a poner en marcha la Declaración Unilateral de Independencia.

Pues bien, si es obvio que no existe en los indultados la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento, ¿tenemos que creernos nosotros que si somos magnánimos habremos hecho una apuesta por la convivencia y para transitar de un mal pasado a un futuro mejor? Es evidente que no.

El segundo dato es todavía más relevante. Lo apunta también el citado Informe del Tribunal Supremo cuando afirma: “La Sala coincide con la idea de que la finalidad del art. 102 de la Constitución no es otra que la de impedir medidas de autoindulto. También constata que … podrían ser valoradas desde la singular perspectiva que ofrece el presente caso, en el que algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia”. Nada hay más cierto en todo este asunto que un intento oculto y, por lo mismo, fraudulento de autoindulto.

En efecto, el ABC del pasado jueves 10 publicaba: “ERC salva al Gobierno 40 veces de rendir cuentas en el Congreso”; “republicanos y Bildu fueron decisivos para vetar siete investigaciones: desde el COVID a Plus Ultra o el caso Neurona; y “en solo año y medio han tumbado catorce comparecencias de Sánchez y casi veinte de sus ministros”. ¿No demuestran estos datos que estamos ante un verdadero autoindulto? ¿No es evidente que la actuación reiterada de los partidos a los que pertenecen los líderes que van a ser indultados es la que está garantizando la estabilidad del Gobierno que les va a conceder el indulto y haciendo posible, en consecuencia, que Sánchez siga en La Moncloa? La magnanimidad que pide Sánchez es para que él siga al frente del Gobierno y la pide para unos sujetos que tienen planificado dar un nuevo golpe a la Constitución. ¡Desde luego, conmigo que no cuente para eso!