Si preguntáramos, sin más, a la ciudadanía qué intereses defiende la Constitución, pienso que serían muchos los que responderían: el interés de “todos”. Lo cual se debe, sin duda, a que la convivencia democrática que venimos manteniendo desde 1978 ha conseguido que el pueblo identifique democracia y defensa del interés general. Es cierto que esta equiparación obedece más a la intuición política de la ciudadanía que a la existencia de una especie de “cultura jurídica” popular. Pero también lo es que si el pueblo acepta la estructura democrática en la que está organizado el poder político actual se debe a que considera que la finalidad de la democracia como sistema político es la defensa del interés general de la ciudadanía y no la del interés particular de personas o grupos.

La Constitución habla en numerosos preceptos de “interés general” sin proporcionar en ninguno de ellos su concepto. Se puede asociar la noción de interés general con los “supraprincipios” constitucionales de los artículos 1 y 2 de la Constitución, así como con los valores que consagra la Carta Magna. Pero, en mi opinión, la mejor caracterización del “interés general” la hizo el rey Juan Carlos I en el Discurso del 27 de diciembre de 1978 ante las Cortes Generales, cuando afirmó que el principio común y supremo que a todos debe impulsarnos es: “Lograr el bien de España”.

Es evidente que “lograr el bien de España” es una aspiración permanente, un principio rector de la actividad política, que, por lo mismo, nunca se alcanza definitivamente. Pero una cosa es que se trate de una aspiración tendencial continua y otra, muy distinta, que dicho interés general se pueda sustituir por otros intereses particulares aunque debidamente “disfrazados” de intereses generales. Me refiero, por ejemplo, al interés de los partidos políticos en abarcar asfixiantemente todos los ámbitos del poder. La cuestión consiste, pues, en preguntarse si después de casi 43 años de vigencia del sistema político instaurado en la Constitución se sigue intentando “lograr el bien de España” o si, por el contrario, la acción política se ha desviado para procurar otro tipo de intereses particulares, como el ya indicado de los partidos políticos.

Pues bien, por las razones que expongo seguidamente, soy de la opinión de que en los últimos tiempos ha habido una clarísima posposición del interés general en beneficio de intereses claramente partidistas, lo cual está poniendo en peligro nuestra democracia.

En efecto, desde la entrada en vigor de la Constitución se ha producido una lenta pero imparable profesionalización de la política. De tal manera que hoy ser político supone prácticamente lo mismo que ejercitar cualquier otra profesión: es una manera, como otra, de trabajar con habitualidad para procurarse un medio de vida. Pero, al contrario de lo que sucede en otras profesiones, que son más o menos permanentes, el cargo político es por lo general inestable, está sometido periódicamente a reelección. En cada contienda electoral, el partido ganador es el que acaba copando los puestos de trabajo más relevantes, razón por la cual el principal interés que mueve a toda formación política es ganar las elecciones, para conseguir el poder y ocupar los cargos institucionales.

Hay, por tanto, una inevitable relación entre la posibilidad misma de ejercer la profesión de político y ganar las elecciones. Lo cual ha supuesto que con el transcurso de los años haya emergido un nuevo interés, el electoral, que es el que mueve de verdad a los actores de la política: el interés del partido se ha convertido en un “dios menor” al que veneran los profesionales de la política. Lo que se acaba de decir puede parecer exagerado. Pero se verá con toda claridad a poco que hagamos un somero repaso por la situación política por la que ha atravesado nuestra democracia.

Con el riesgo de toda generalización se puede afirmar que en nuestras elecciones generales las preferencias de los electores se han proyectado sobre tres opciones programáticas diferentes que, a grandes rasgos, pueden resumirse en: una opción de derecha, una opción de izquierda y una opción minoritaria “nacionalista”. Desde 1978 hasta las elecciones de 2015, hubo una alternancia en el poder entre la derecha y la izquierda, y cuando el número de escaños de uno de estos dos grandes partidos era insuficiente para gobernar, el que había obtenido mayor número de escaños recababa el apoyo de alguna minoría “nacionalista”, que cedía sus votos a cambio de sustanciosas contrapartidas, políticas y económicas.

Este panorama político gozaba de estabilidad, aunque en la política general del país se iba robusteciendo el papel de las minorías nacionalistas con escasa representatividad ciudadana a nivel general y que tenían su propio interés, claramente alejado del interés general de lograr el bien de España. Al principio, esta clara divergencia de intereses no era muy visible, porque estaba enmascarada con el dato de que el partido nacionalista “contribuía a la gobernabilidad de España”. Por eso, no es extraño encontrar opiniones que veían en Jordi Pujol a un hombre de Estado, aunque reconocían también que hacía un doble juego: “contribuir a la gobernabilidad del Estado español, y a la vez, hacer realidad un modelo de autogobierno en Cataluña, basado en unas ideas fuertemente nacionalistas”. (Ésta es la opinión, por ejemplo, de Beatriz de Moura, fundadora de la Editorial Tusquets).

Con este estado de cosas hubo una “recomposición” de intereses: el interés de cada partido mayoritario a gobernar la Nación española se fue identificando con el interés general de lograr el bien de España, de tal suerte que era la consecución de tal interés la que justificaba la cesión de poder a los partidos nacionalistas. Dicho más claramente, tanto el PSOE como el PP de esos años, cada vez más antagónicos hasta convertirse en rivales encarnizados, se fueron convenciendo de que, mejor que pactar entre ambos una política de consenso sobre las cuestiones que tenían que ver con el logro del bien de España, era preferible la creación de un “interés mestizo” combinando el interés del gran partido que aspiraban a gobernar y el interés egoísta y “antiespañol” de la minoría nacionalista. En el año 2015 cambia el panorama político español y aparecen dos nuevos partidos de ámbito nacional que compiten por los escaños del Congreso. Esta fragmentación del mapa político general dificulta la investidura del presidente del Gobierno de España, porque, de una parte, la creciente hostilidad entre las dos fuerzas mayoritarias impide que se pongan de acuerdo; y, de otra, las divergencias entre la multitud de partidos con representación parlamentaria impiden alcanzar una suma aritmética que permita la designación de aquel.

Tras los últimos resultados de noviembre de 2019, el PSOE, que es el partido mayoritario, en lugar de una gran coalición con el PP para “lograr el bien de España”, prefiere obtener la investidura con el apoyo de formaciones políticas, como ERC, JxC-Junts y EH-Bildu, que defienden intereses contrarios al logro del bien de España. Pues bien, esa opción supone certificar definitivamente la defunción del reseñado interés general, por lo que lo único que nos queda es preparar unas buenas honras fúnebres.