Se dice que los ecólogos tienen la afición de buscar metáforas, procedentes de los más diversos ámbitos, para ilustrar los fenómenos que observan en el medio natural. No soy ecólogo, pero al leer, por pura casualidad, un artículo en Carta Bodan, que se titulaba Cómo son las hormigas esclavistas que capturan a otras hormigas para que sean sus obreras, me vino inmediatamente a la mente una metáfora aplicable al mundo de la política actual. Es utilizar la figura de las hormigas esclavistas para referirme a los políticos gastadores que creen que el dinero público es inacabable, que no es de nadie, y, por eso, están expoliando a los contribuyentes.

En efecto, salvo aquellos de ustedes que sean especialistas en insectos, los demás seguramente desconocerán que existen unas hormigas llamadas “esclavistas”. El esclavismo es una modalidad de parasitismo social entre las hormigas, en el cual hay unas que capturan a otras hormigas, las obreras de otras especies, a las que esclavizan, llevándolas a su colonia para que trabajen para ellas: atiendan a sus crías, les ayuden a defenderse, busquen alimentos para ellas y mantengan limpios los hormigueros.

Los especialistas señalan también que recientemente se ha secuenciado el genoma de ocho especies de hormigas y los resultados fueron que en comparación con las otras cinco especies las especies parásitas a las que pertenecen las hormigas esclavistas tenían la mitad de los receptores del gusto y tres cuartas partes de los del olfato. La conclusión de los expertos es que la pérdida de estos receptores por parte de las esclavistas podría deberse a que ya no buscan alimento, porque lo hacen por ellas —y a sus órdenes— las parasitadas, no necesitando, por lo tanto, las esclavistas recibir y decodificar tanta información por esa vía.

Pues bien, no me hizo falta hacer un gran esfuerzo de imaginación para equiparar a las hormigas esclavistas con los políticos “voraces” que fomentan el descontrol del gasto público y que resuelven el problema de sufragar los gastos públicos incrementando los impuestos. Dicho más claramente, al igual que hacen las hormigas esclavistas con las hormigas obreras, esos políticos “esclavistas” parasitan a la ciudadanía para que trabajemos para ellos, pagándoles con nuestros impuestos el despilfarro con el que manejan las cuentas públicas.

No sería sincero si no señalara que el fenómeno de los ciudadanos parasitados por los “políticos esclavistas” no es reciente y tiene mucho que ver con el desacierto generalizado con el que se llevó a la práctica el reconocimiento efectivo del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones del que habla el artículo 2 de la Constitución. Y es que así como puede discutirse si fue un acierto o no la organización territorial del Estado en Comunidades Autónomas, pienso sinceramente que, visto desde hoy, fue un desacierto el modo concreto conforme al cual se organizaron administrativamente esos entes territoriales. El principal defecto fue, tal vez, que hubo un proceso de descentralización incompleto que consistió en una transferencia —parcial porque quedó en parte retenida— de competencias, de tal suerte que las cedidas por la administración central a las autonómicas no pasaron definitiva e irreversiblemente de aquella a éstas. Antes al contrario, lo que hubo fue, en rigor, más una réplica y duplicación en las administraciones autonómicas de competencias de la administración central, de tal suerte que sin dejar de existir en la administración central la mayoría de las competencias fueron más o menos replicadas en las administraciones autonómicas. Doble gasto para llevar a cabo funciones prácticamente idénticas.

Es cierto que los dos grandes partidos de entonces, UCD y PSOE, al ver el modo en que se estaba implantando el Estado de las Autonomías intentaron reconducir los procesos autonómicos mediante la conocida LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico). Pero el Pleno del Tribunal Constitucional en su sentencia 76/1983, de 5 de agosto, declaró la inconstitucionalidad de 14 de sus artículos. Lo cual supuso de hecho el desmantelamiento de la ley más importante con la que aquellos dos partidos pretendieron en su día encarrilar los procesos autonómicos.

Pero en lo que entonces no se cayó en la cuenta fue en que la LOAPA suponía sobre todo un diagnóstico acertado del “desmadre” autonómico que estaba gestándose y que, aun no siendo constitucional el “remedio” que suponía dicha ley, era correcta la evaluación del proceso y, consiguientemente, claramente equivocado el camino emprendido. Lo cual aconsejaba optar por la vía de la contención del gasto en las administraciones autonómicas “duplicadas” más que por el despilfarro. Esta política pública que desde entonces tomó el camino erróneo del derroche puede explicar el ambiente de dispendio político-institucional que propugnan hoy algunos partidos los cuales, lejos de poner freno al creciente gasto en personal, están sobrecargando con nóminas innecesarias los gastos públicos del Estado.

En estos momentos, los partidos ofrecen a la ciudadanía, en esencia, dos modelos que, por lo demás, ya están funcionando en España. Uno es el de subvenir a los gastos públicos crecientes aumentando los impuestos: lo cual supone detraer parte de los recursos económicos globales que están en las manos de los particulares y pasarlos a la administración del Estado. El otro consiste en disminuir la carga impositiva, dejar que tales recursos sigan en manos privadas, y que el consiguiente incremento del PIB que genera la economía privada sea gravado para que cuadren en la mayor medida posible las cuentas públicas.

Los partidos-“hormigas esclavistas” defienden el primer sistema. Y por eso se puede afirmar que nos tienen capturados a los ciudadanos para que trabajemos para ellos, atendamos a sus crías (los políticos con cargos), les busquemos alimentos y mantengamos sus colonias (partidos, sindicatos, sus organizaciones ciudadanas, “chiringuitos”, etc.). El otro modelo ya lo están llevando a cabo Comunidades Autónomas, como Madrid, el País Vasco y Navarra. Curiosamente, las tres Autonomías que en 2021 tienen mayor PIB per cápita de España son: Madrid, 35.913 euros; País Vasco, 34.142 euros; y Navarra 32.141 euros.