Uno de los más fantásticos alegatos a favor de la pertinente, adecuada y equilibrada toma de decisiones, desde mi punto de vista, está disponible en video en la red y se debe al gran Félix Rodríguez de la Fuente. Extrapolable a muchos ámbitos, viene a decir que es necesario tener un sólido criterio, fundamentado y trabajado, para abordar muchos de los asuntos importantes que a todos nos afectan. Él lo hacía refiriéndose, en particular, a la protección del medio ambiente. Un ámbito todavía por construir en aquella España de los setenta, que exhibía de forma clara los mimbres que nos han llevado a tantos años de bandazos y a una muy cuestionable gestión en muchos ámbitos, y que a él le convertiría en un personaje incómodo para muchos intereses. Pero, repito, es un planteamiento que se puede llevar a múltiples campos, porque tales razonamientos siguen siendo coherentes y de plena vigencia.

Así, nos decía el maestro de Poza de la Sal que, cuando uno se opera, espera que tal intervención la comande una persona con la especialidad de cirugía. Cuando construimos un puente de ferrocarril, es más que recomendable que sea alguien con titulación en ingeniería quien aborde tal proyecto. Y, por ende, cabría esperar que aquellas decisiones en que está en juego la Naturaleza y la pervivencia de espacios protegidos, sean los científicos quienes puedan juzgar qué es lo más conveniente, desde la perspectiva de la protección del medio y la orientación al bien común. Por desgracia, esto muchas veces no ha sido así, y no porque no haya habido informes y dictámenes que, avalados por la competencia técnica de sus firmantes, aconsejaran, asesoraran y plantearan alternativas. Es la perspectiva meramente cortoplacista de la política de partido, orientada sobre todo a la cuestión electoral o a la pervivencia de determinados liderazgos, la que ha truncado muchas veces la elección de la mejor decisión posible, en contextos complejos y difíciles.

Esta forma de proceder alejada del criterio técnico, que sigue siendo muy vigente hoy —otro día hablamos de El Prat y La Ricarda, por poner un ejemplo sin abandonar el ámbito medioambiental— ha motivado muchos disgustos, en general, en el seno de la Administración española. Uno de los últimos, de fresquísima actualidad, tiene que ver con la decisión de Bruselas de cuestionar la prórroga de la concesión de la AP-9 a Audasa, allá por el año 2000. Una barbaridad —la prórroga— que, cualquiera que haya tenido responsabilidades de gestión de licitaciones en la Administración española, puede ver nítidamente.

Y es que el Gobierno Aznar, en aquel tiempo, pactó la continuidad de la concesión a cambio de unas ciertas mejoras o ampliaciones en el servicio de la infraestructura. Una realidad que, aparte de suponer pérdidas y desventajas para el Estado y la ciudadanía, como hemos denunciado muchas veces en estas líneas, podría haber vulnerado el derecho de terceros a participar en el concurso que, de decidirse continuar tal vía de gestión, hubiera sido de obligada convocatoria. Algo que, como digo, vulnera la norma en materia de concursos públicos, y por lo que ahora Europa nos pide cuentas.

La operación así diseñada ha supuesto que la concesión de la AP-9 a Audasa, privatizada y ahora en manos de gestores con poco apego al territorio y que no dejan de adelgazar la calidad y el nivel de mantenimiento de la infraestructura, termine nada más y nada menos que en 2048. Y aunque desde hace escasos dos meses se nos subvenciona íntegramente la vuelta de cada viaje, y algún pequeño descuento más, no debemos olvidar que esto no es a coste cero, y que tal gasto —enorme— sale de los Presupuestos del Estado. Una situación que, además, lastima a los gallegos, ya que es en esta comunidad donde más kilómetros de autopista de peaje hay actualmente en el país. Vías muchas veces sin alternativas razonables, como en el caso de la AP-9, que lastran la economía personal de los gallegos y de su tejido empresarial.

Es impensable que un consistorio decida la prórroga de los servicios de recogida de basuras, pongamos por caso, sin abordar el oportuno proceso de licitación y concurrencia competitiva que marca la Ley. O el de ayuda a domicilio. O el del transporte urbano. Una vez terminada la concesión, cada mes en tal situación implicará un reparo de legalidad por parte de la Intervención municipal, y de mantenerse tal cosa, los costes políticos y legales podrían ser muy altos para quien hubiese tomado tal decisión. Lógico. Pues bien, el Estado pactó en lo tocante a la AP-9, contravino lo que dice la norma y... prorrogó hasta tres veces tal titularidad de la concesión. Y la última, que ahora nos ocupa, de forma superlativa, de 2000 a 2048. Un verdadero despropósito obviando la más elemental legalidad, y del que ahora deberían responder quienes articularon tal decisión. Y es que no es broma: si España no tiene una explicación razonable, podría ser condenada a una multa muy importante y a la reversión de tal decisión. Ahí es nada, en términos económicos, por las veleidades y los intereses que propician decisiones inadecuadas, alejadas del criterio que debería iluminar, como decía Rodríguez de la Fuente, la gestión de lo de todos.

Era evidente, y si ustedes consultan la hemeroteca podrán leernos diciendo esto mismo desde hace años. Menos mal que, aunque tarde, ahora Europa reacciona. Pero ya se sabe... al final será meterse en pleitos, de lo que siempre se sale mal parado. Cuitas que tienen sus responsables, que deberían responder. Porque la impunidad, también en la toma de las malas decisiones, sale aún más cara a la democracia que el desaguisado económico que esto pueda suponer. ¡Qué desastre!