La historia se repite como si fuera producto de una fatalidad. Si ya Galicia ocupa el primer puesto del podio como la comunidad autónoma con más kilómetros de peaje en España, y dos de las tres autopistas con más años de concesión de todo el país, un gravamen acrecentado con la ampliación hasta 2048 de la explotación de la AP-9 mientras otras de la misma construcción de Cataluña, Andalucía, Levante o Castilla y León ya son gratuitas, la tasa que ahora se pretende implantar en la red estatal de autovías supone la puntilla a nuestro territorio. Por si fuera poco, los carburantes siguen alcanzando aquí, por motivos nunca justificados, el mayor precio de la Península. Volvemos a decirlo alto y claro: una sucesión de agravios sencillamente inaceptable.

Como bien dice el refrán, la alegría dura poco en la casa del pobre. No han pasado ni cuatro meses desde la implantación de bonificaciones para determinados viajes en la AP-9, la más cara de España, para que el mismo Gobierno que las acaba de aplicar, eso sí, después de haber hecho gratuitas mucho antes otras autopistas en España, se disponga ahora a establecer a partir de 2024 el pago por el uso de las autovías que, dada la distancia que separa nuestra región de los principales mercados y centros de producción peninsulares y europeos, será otro mazazo a nuestra movilidad y a la rentabilidad de nuestras empresas. Así es como lejos de acabar con la desigualdad de la España periférica, la implantación de medidas de este tipo sin criterios de equidad puede acabar torpedeando la esperanza de estos territorios.

Lo que ya se sabe es que el Ejecutivo central tiene pergeñado su plan para el cobro, que deberá tener listo en el primer trimestre del próximo año, según se detalla en los documentos que firmó con Bruselas como una de las condiciones para recibir las ayudas europeas. El primer paso sería establecer un sistema de viñetas. El usuario deberá adquirir y colocar en su vehículo una pegatina por una cuantía determinada, que podrá ser para circular por semanas, meses o incluso un año sin restricciones. Pero éste sería un sistema solo provisional hasta que se desarrolle la tecnología necesaria para cobrar más adelante por cada kilómetro recorrido. Se baraja un céntimo por kilómetro, de manera que lo recaudado sirva para financiar el mantenimiento de estas carreteras.

El modelo, de no establecerse medidas correctoras, amenaza como decimos con perjudicar especialmente a Galicia por su extrema situación periférica. Si no bastaba con el “sablazo” a los gallegos en la AP-9, ahora se les va a penalizar también por circular por autovía. En el caso de los desplazamientos a Madrid, a céntimo por kilómetro, cada usuario debería pagar unos 6 euros para viajar, por ejemplo, desde A Coruña a la capital de España, a los que habría que sumar los 12,50 euros del paso de Guadarrama. A mayor distancia, mayor agravio. Pero no solo en los destinos al centro peninsular por la A-6. La penalización por estar ubicados en los confines del continente se multiplica también exponencialmente a la hora de viajar por el Norte a través de la autovía del Cantábrico, llegar a Europa o desplazarse al sur por la autovía de la Plata.

Galicia sufre una desigualdad manifiesta en comparación con las comunidades autónomas que desde el 2018 están siendo liberadas de los peajes de autopistas de la misma generación que la gallega y cuyas concesiones rondaron el medio siglo en lugar de los 75 años de la Autopista del Atlántico. La concesión de la AP-9 debía expirar inicialmente en 2013 pero primero el Gobierno del PSOE en 1994 la prorrogó hasta 2023 y, por si fuera poco, en 2000, el Gobierno de Aznar decidió ampliarla 25 años más hasta 2048.

La persistencia de la Asociación de Consumidores En Colectivo ha puesto en evidencia el “aldraxe” cometido al darles Bruselas la razón a su denuncia contra la segunda prórroga otorgada a Audasa. La Comisión Europea sostiene que el Ejecutivo de Aznar incumplió las normas comunitarias al alargar la concesión hasta mediados de siglo sin haber convocado un concurso público y ha abierto a España un expediente sancionador.

La penalidad es doble, porque por más legal que resulte tampoco tienen justificación peajes tan gravosos como los que se han venido aplicando en el eje vertebrador del territorio más poblado de nuestra comunidad. Toda Galicia soporta esa injusticia. Si nada ni nadie lo remedia —y a la espera de lo que resuelva finalmente Europa, si es que lo hace a tiempo— el de la Autopista del Atlántico acabará siendo el más largo de la historia de los peajes en España. Durará 75 años, el máximo legal permitido, solo igualado por el del Huerna, en Asturias.

El Noroeste, cuya condición periférica debería encontrar elementos correctores en una mayor conectividad con los principales ejes de riqueza del país, lleva camino de quedar una vez más orillado. Los peajes a las autovías acrecentarán su desigualdad. Serán otro lastre para la región porque la carretera casi monopoliza el transporte de mercancías. Otro más, que sumar al agravio histórico que supone el retraso de décadas en la llegada del AVE, una red ferroviaria obsoleta, penalizada sin corredores de mercancías y unas conexiones aéreas insuficientes.

A la hora de afrontar inversiones públicas, las de Galicia siempre le parecerán a otros y al ministro de turno exageradas por el desafío a la ingeniería que representan. Pero nadie puede culpar a los gallegos de su orografía ni de estar situados en la periferia peninsular. Los moradores de la comunidad tienen el mismo derecho que el resto de los españoles a un trato justo que les permita jugar la partida en idénticas condiciones que sus competidores nacionales. Sin ventajas para nadie, ni cartas marcadas, ciudadanos iguales. Con equidad en la distribución de recursos y justicia en el reparto de responsabilidades cada vez que alguien arroje sobre la mesa las balanzas territoriales.