Cada día que pasa, con cada nuevo informe que sale a la luz se desmonta la versión de la policía filipina sobre la muerte del empresario coruñés Diego Bello Lafuente, abatido por agentes hace casi dos años, en enero de 2020, en la región de Caraga. Ni rastro del peligroso narcotraficante armado que cayó por resistirse a la policía, como presentó la Policía a Bello para justificar su muerte. Las sombras que rodearon la operación policial, lejos de despejarse, se han acentuado hasta poner a tres agentes implicados en el presunto crimen a las puertas de juicio. La Justicia filipina ha presentado cargos criminales contra ellos por asesinato, perjurio, fabricación de pruebas falsas y violación de la legislación de armas.

Dos dictámenes han resultado claves para llegar a esta imputación: el de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, un órgano previsto en la Constitución de ese país e independiente del Gobierno, y el de la Oficina Nacional de Investigación (NBI en sus siglas en inglés), un departamento creado a imitación del FBI de Estados Unidos y que investiga crímenes especialmente graves. En ambos casos, sus investigaciones ponen en duda y desmontan los argumentos policiales a partir de pruebas y testimonios que dejan en una comprometida situación a los agentes. Ni Diego Bello disparó a los policías, ni siquiera portaba un arma, ni traficaba con drogas.

El informe del NBI, desvelado esta semana por LA OPINIÓN, es especialmente contundente. El NBI considera que las acciones de los policías, “antes, durante y después de la muerte de Diego, muestran sin lugar a dudas una relación causal”, apuntando a “un propósito conjunto, una unidad de acción y un interés común: matar a Diego”, por lo que califican los hechos de asesinato con dos circunstancias agravantes: “abuso de fuerza superior y premeditación evidente”. El relato de los policías es, a juicio del NBI, “obviamente un montaje” pergeñado para “ocultar” lo que verdaderamente ocurrió, y en el que intentaron “hacer parecer que el incidente fue el resultado de un encuentro armado legítimo”. El abogado coruñés Guillermo Mosquera, que representa a la familia de Diego Bello junto al despacho madrileño Ollé Sesè, considera que “hay pruebas más que suficientes para que el juicio por la muerte de Diego vaya adelante”.

Hasta llegar a este punto, los familiares y amigos de Diego Bello, desde A Coruña, a miles de kilómetros del lugar del suceso, han pasado por diferentes estados de ánimo en la lucha que han emprendido para limpiar el legado del empresario y conseguir que los responsables de su muerte cumplan el castigo que legalmente les corresponda. En un primer momento, se sintieron desamparados por el Gobierno español, más por la lentitud en obtener respuestas en un momento emocionalmente difícil que por la implicación del Ejecutivo ante las autoridades filipinas. En el punto actual del caso, agradecen que el Gobierno “haya hecho todo lo que ha podido”.

Su lucha, marcada por el dolor inmenso por la muerte de Diego Bello y la dificultad de los miles de kilómetros que separan A Coruña de Filipinas, supone un ejemplo para combatir la impunidad en aquellos lugares del mundo donde se vulneran los derechos humanos. Filipinas, bajo el régimen de Rodrigo Duerte, es un ejemplo. El Premio Nobel de la Paz lo atestigua: acaba de recaer en la periodista María Ressa por “usar la libertad de expresión para “denunciar el abuso de poder, el uso de violencia y el creciente autoritarismo en su país de origen, Filipinas”. La de Diego Bello es una de las 52 operaciones policiales que terminaron en la muerte de los sospechosos y que ahora están en revisión, dentro de la guerra al narcotráfico promovida por una ley especial de Duterte y cuyos modos denuncian organizaciones de derechos humanos.

La Xustiza para Diego que piden sus familiares debe llegar de los tribunales, filipinos o internacionales si es necesario. Ahí deben centrarse todos los esfuerzos. Pero, más allá de que esta muerte no quede impune, la comunidad internacional y, en concreto, el Gobierno de España deben hacer todo lo que esté en sus manos para evitar que haya más.