El Gobierno local de A Coruña, en manos del PSOE, y su aliado natural en la Corporación, Marea Atlántica, han enfilado tras el verano una relación de consenso y acuerdos después de meses de desencuentros y reproches que los habían conducido a una vía sin salida. A los primeros, por la imposibilidad de encontrar otros apoyos que le permitieran sacar adelante en el pleno asuntos vitales para la ciudad, como el presupuesto municipal o los impuestos y tasas locales. A los segundos, por la incapacidad de trasladar sus propuestas del papel a la realidad y de plasmar en el salón de sesiones la capacidad de influencia que le otorgaron las urnas en 2019.

La renovada vía de diálogo se ha traducido, por ahora, en una revisión de las ordenanzas fiscales para introducir nuevas bonificaciones que benefician a las familias numerosas o monoparentales, a las pequeñas empresas y a las organizaciones sin ánimo de lucro. También en el impulso a la creación de un operador energético municipal y en una modificación presupuestaria que, entre otros proyectos, ha permitido desatascar la licitación del proyecto más costoso de los que cuentan con financiación europea, la reforma del paseo marítimo de Orillamar, de 2,1 millones de euros.

En el camino de la negociación, seguro que PSOE y Marea han renunciado a postulados propios, sin traicionar las esencias de sus programas electorales, para dar cabida a propuestas del otro partido. De eso se trata en una negociación: de no mostrarse obtusos y de buscar líneas de entendimiento; de no mirarse el ombligo y de buscar el bienestar común, en este caso de los coruñeses.

El siguiente camino, sin duda, debe ser el presupuesto municipal de 2022. Después de afrontar 2021, el segundo año de la pandemia, sin nuevas cuentas, por la decisión del Ejecutivo local de prorrogar las de 2020, A Coruña precisa de un nuevo presupuesto acorde al complicado momento actual, tanto social como económico. PSOE y Marea han mostrado disposición y entendimiento para aprobarlo, pero, de nuevo, no entrará en vigor el 1 de enero, como debería suceder. Sin avances concretos conocidos en esta negociación, ambas fuerzas no deben dilatar más la tramitación de las cuentas para que se apliquen cuanto antes. Al Gobierno local le corresponde elaborar el anteproyecto con el objetivo de buscar un rápido consenso con Marea Atlántica.

Los acuerdos entre PSOE y Marea son los naturales en la Corporación. Por afinidad ideológica y por suma de concejales. Ambas fuerzas han mostrado diferencias evidentes en aspectos clave para el futuro de la ciudad, fundamentalmente con trasfondo urbanístico, como la transformación de los muelles, la urbanización de As Percebeiras en Labañou o el parque del Agra. Pero, sin duda, son más las propuestas comunes que les unen.

Las renuncias del Gobierno local a su programa de gobierno, inevitables en una búsqueda de consensos, deberían ser menos si el acuerdo lo busca a su izquierda que a su derecha, por mucho que a algunos les escueza la entente actual y propugnen una alianza PSOE-PP sin reparar en que, salvo cuestiones muy concretas, media un abismo entre el modelo de ciudad de unos y el de los otros. Cuestión diferente es que Gobierno local y Marea abran sus acuerdos a las aportaciones de otras fuerzas, aconsejable para ampliar el consenso, fácil en el bloque de izquierdas para sumar al BNG, pero más difícil con el PP por las patentes diferencias con el Ejecutivo y su actual aliado.

Queda ahora exigir que los acuerdos entre PSOE y Marea no sean flor de un año, que continúen en 2022 y que no se vean enturbiados por el horizonte electoral, con comicios municipales en 2023. De ello depende que la ciudad no se atasque víctima del egoísmo político que supone anteponer los intereses partidistas a los de A Coruña.