El 20 de octubre de 2011 ETA anunciaba el “cese definitivo”, y sin condiciones, de la actividad armada con lo que se ponía fin a 43 años de violencia terrorista. La banda se limitó entonces a solicitar la apertura de un diálogo directo con el Gobierno para resolver, en palabras de la propia organización criminal, “las consecuencias del conflicto”. Desconozco si el Gobierno y la banda mantuvieron ese diálogo directo y, en su caso, cuando tuvo lugar, así como cuáles eran, a juicio de la banda terrorista, las “consecuencias del conflicto” que tenían que resolver conjuntamente. Pero vistas hoy las cosas, diez años después, se puede afirmar que el diálogo tuvo lugar y que los etarras consiguieron solucionar muy favorablemente para ellos “las consecuencias del conflicto”.

Sentado que hubo diálogo, como jurista, son varias las dudas que se me plantean. La primera es el momento en que tuvo lugar dicho “diálogo directo”. La cuestión es importante porque si las conversaciones hubieran tenido lugar en momentos anteriores o coetáneos a la comparecencia etarra del citado día 20 de octubre surgiría la duda de si el abandono de las armas fue porque el Estado español venció a la banda terrorista o como consecuencia de un proceso negociador para pactar la paz.

En aquel momento, el Gobierno atribuyó el éxito del final de ETA al esfuerzo de todos los gobiernos democráticos anteriores, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a la colaboración internacional (especialmente la francesa), a la unidad de todos los partidos y a la sociedad española, y recordó que ETA había causado 829 víctimas durante los 43 años en que se mantuvo activa.

Esta es, desde luego, la versión más probable, y cualquier otra supondría mirar las cosas con ojos de malicia. Y ello porque si hubiera habido un proceso de paz, las implicaciones serían muy relevantes, ya que se habrían mantenido negociaciones con una banda criminal, lo cual sería un acto que podría infringir directamente la legalidad. A lo que cabría añadir que el solo hecho de que el Gobierno pactara el abandono de las armas con una banda terrorista supondría legitimarla como un igual para convenir asuntos de Estado.

Al carecer de pruebas que acrediten lo que ocurrió entonces, creo que hay que aceptar la versión oficial y no dar pábulo a las especulaciones. Es cierto que todos los gobiernos de la democracia mantuvieron conversaciones, generalmente indirectas y a través de personas interpuestas, con ETA, pero eso en sí mismo no es ilegal. De lo que estamos hablando ahora es de pactar la paz, el fin de la lucha armada con los etarras, que es un acto de tal envergadura política que personalmente solo lo tendría como cierto en el caso de que quedara indubitadamente acreditado. En este punto, prefiero pecar de ingenuo que convertirme en un propagador de posibles falsedades. En todo caso, lo que me interesa ahora es averiguar a qué puede obedecer este protagonismo actual del mundo filo-etarra.

Antes de pasar a reseñar lo que está sucediendo con los herederos de la banda, conviene efectuar dos consideraciones. La primera es que los 43 años de la ETA-asesina son el período más negro de la reciente historia de España. Por ello, conviene recordar, una y otra vez, —y sobre todo ahora que están intentando blanquear a la banda— que hubo unos sujetos que se organizaron políticamente para “defender” una determinada posición política y que recurrieron al asesinato de ciudadanos como medio para alcanzar su objetivo. Lo cual es, y ha sido siempre, de todo punto inaceptable porque, como muy acertadamente afirmó Castellio en su excepcional alegato contra Calvino (véase la obra de Stefan Zweig Castellio contra Calvino) por ordenar la muerte de Servet, “matar a un hombre no es defender una doctrina, sino simplemente matar a un hombre. … Y no se hace profesión de la propia fe, añadió, quemando a otro hombre, sino únicamente dejándose quemar uno mismo por esa fe”. La segunda consideración es tener en cuenta que el cese definitivo en la lucha armada tenía que provocar, por fuerza, un cambio en la actividad futura de la banda, la cual iba a sustituir la actividad criminal por la actividad política de participar en las instituciones democráticas. Lo que nadie podía imaginar es que viniendo de dónde venía EH-Bildu llegara a adquirir tan importante papel político.

Sentado lo que antecede, conviene tener en cuenta, en primer lugar, que EH-Bildu y el mundo etarra no han modificado un ápice su objetivo político que es que “Euskal Herria” logre la independencia. “Vencidos, pero no convencidos”.

A ello hay que agregar que los cinco diputados de EH-Bildu votaron a favor de la moción de censura que convirtió en presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, al que han seguido apoyando desde entonces, como con los Presupuestos Generales del Estado. Lo cual parece revelar que los filo-etarras han convenido, a cambio de algo, pasar de una actuación predominantemente pasiva a la activa de apoyo a la política del gobierno de coalición.

Finalmente, “algo de lo recibido a cambio” de su nueva actitud política puede ser, con respecto a los presos de la banda: aumentar el número de los acercados a las cárceles vascas, una promesa de futura excarcelación como consecuencia de su reinserción gracias a sus trabajos de cerámica, y la “vista gorda” en la realización de actos de bienvenida a los que regresaban a sus lugares de residencia y de manifestaciones públicas a favor de su liberación.

Llegados a este punto la pregunta de a qué se debe el relevante papel político que está desempeñando en los últimos tiempos EH-Bildu debe responderse en el sentido de que la causa es la debilidad parlamentaria del actual gobierno de coalición. No creo que se deba, a pesar de que lo dijo la propia ministra portavoz del gobierno al finalizar el Consejo de Ministros del pasado martes, a que el partido socialista tenga afinidad ideológica y de proyecto de País con EH-Bildu.