Como es sabido, la Constitución de 1978 instituyó un Estado social y democrático de Derecho basado en el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular, tomó como base el carácter plural de dicha voluntad, y elevó el pluralismo político al rango de los valores superiores del ordenamiento jurídico.

En nuestro modelo constitucional, basado en un sistema de partidos políticos, son los partidos los que expresan “el pluralismo político”, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, y constituyen un instrumento fundamental para la participación política. A lo dicho hay que añadir que el pluralismo político tiene en la libertad ideológica el fundamento necesario para la definición de la identidad política, entendida no solo en la dimensión individual del derecho a constituir los partidos y a integrarse en ellos, sino también en la propia existencia del sistema de partidos como base esencial para la participación política en las instituciones.

Pues bien, cuando hay muchos partidos políticos y, en consecuencia, están diversificadas las ofertas electorales, ninguna formación suele alcanzar la mayoría necesaria para gobernar en solitario. En ese caso —que cada vez es más infrecuente—, a los partidos no les queda otro remedio que pactar entre ellos hasta conseguir formar gobierno. En la hipótesis que antecede, los pactos suelen articularse en función de las líneas ideológicas, de tal suerte que las agrupaciones de los distintos partidos a la hora de pactar suelen responder, aunque no exclusivamente, a la conocida división derecha/izquierda.

Así las cosas, la pregunta que surge es si las formaciones políticas tienen una total y absoluta libertad para pactar o, por el contrario, hay algunas líneas rojas que no se deben traspasar. La respuesta a esta pregunta no debe basarse en un mero juicio de opinión, sino asentarse en un fundamento lo más objetivo posible; y este fundamento reside en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, “de Partidos”.

En efecto, el apartado 1 del Artículo 9 de esta Ley dispone que los partidos políticos ejercerán libremente sus “actividades”, pero —y esto es lo fundamental— respetando los valores constitucionales expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos. Y el apartado 2 establece que un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático.

En el andamiaje jurídico constituido por la Constitución y las leyes, la imprescindible pluralidad política que está en la base de nuestro sistema democrático puede obligar a pactar a los partidos para poder formar gobierno. Pero los pactos, lejos de estar al albur del capricho y de la discrecionalidad, deben respetar los límites que vienen impuestos por la necesaria preservación de la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes y, entre ellas, también de la citada LO 6/2002 y su relevante artículo 9. Lo cual significa que la línea roja que toda formación política debe respetar al pactar para formar gobierno es que los implicados desarrollen sus actividades respetando los “valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos”.

Hoy en día ¿se puede afirmar que todas las formaciones que vienen obteniendo representación popular en las sucesivas elecciones democráticas superan un examen desapasionado de “calidad democrática” en el punto del respeto a los valores constitucionales expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos? Por desgracia, y como vamos a ver seguidamente, hay algunas que no.

Así, hay partidos de los que existen pruebas indiscutibles, como sucede con EH-Bildu, de que mantienen conexiones con los antiguos miembros de la banda terrorista ETA. Y por eso, por mucho que se intenten blanquear los orígenes de esta formación política, nunca podrá admitirse que respeten los valores de nuestra Carta Magna. ¡Entablaron, nada más y nada menos, que una lucha armada para destruir nuestro Estado constitucional!

Sin que sea comparable con lo anterior, está también plenamente acreditado que desde el Govern de la Generalitat partidos independentistas llevaron a cabo en los meses de septiembre y octubre de 2017 un golpe de estado jurídico, celebrando un farsa-referéndum de autodeterminación, y declarando seguidamente de manera unilateral la República Independiente de Cataluña. Pues bien, ¿puede alguien sostener seriamente que los citados partidos defienden “los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos” de nuestra Constitución de 1978? ¿Puede alguien con un mínimo de objetividad sostener que tales partidos no incurrieron en la causa de “ilegalidad” de desplegar una actividad que vulneró los principios democráticos, persiguiendo el deterioro del régimen de libertades, y que imposibilitó o dificultó nuestro sistema democrático constitucional? Y si eso es así ¿se puede justificar que son legítimos los pactos parlamentarios con esos partidos, EH-Bildu de extrema izquierda y los catalanistas xenófobos, racistas y excluyentes de extrema derecha? A mi juicio, no.

¿Y qué decir sobre si sería que el PP de Castilla y León podría pactar con Vox para conseguir el gobierno autonómico? Desde luego, no existe prueba alguna, ni siquiera indiciaria, de que la actividad de Vox vulnere los principios democráticos, ni tampoco de que trate de deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático. Por eso, —por mucho que se repita una y otra vez— es inexacto calificar a dicho partido como de extrema derecha. Defiende, eso sí, un ideario político que podría calificarse como radicalismo de derechas, pero manteniéndose siempre dentro del marco constitucional y sin haber adoptado posiciones extremadamente hostiles frente al orden constitucional y democrático.

En resolución, así como no es discutible que se saltan las líneas rojas de la Ley de Partidos cuando se pacta con las formaciones anticonstitucionalistas citadas, de la misma manera pienso que no se sobrepasan tales líneas cuando se pacta con partidos radicales de izquierda (UP) o de derecha (Vox) que se mantienen dentro de nuestro sistema constitucional y democrático.