El naval ha recibido esta semana una noticia que no por esperada tiene menos trascendencia: la aprobación de su Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica (Perte), una iniciativa que movilizará casi 1.500 millones y aspira a crear más de 3.000 puestos. El sector ha acogido, salvo alguna excepción, el OK del Gobierno con optimismo, pues, a su juicio, será una palanca para transformar y modernizar una actividad económica estratégica.

El naval gallego necesitaba ese Perte por múltiples razones, unas de carácter estrictamente económico e industrial, fáciles de entender, y otras de naturaleza intangible. Porque el sector venía reclamando desde hace mucho tiempo a las administraciones públicas un trato justo y equilibrado que respondiese a su importancia real; que no se le tratase como un conjunto de empresas de dimensión y relevancia menores. Exigían respeto. La concesión de este Perte va a contribuir a fortalecer la autoestima y el orgullo de aquellos empresarios, los más dinámicos, los más comprometidos, que han dado sobradas razones para confiar en ellos. Su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos y condiciones cambiantes del mercado, su ejemplo de resiliencia, su espíritu innovador, su alma emprendedora, su coraje para competir sin temores ni complejos... todo este bagaje, junto a unas plantillas igualmente comprometidas y formadas, les ha permitido labrarse una merecida fama de actores económicos confiables.

Siempre hay excepciones, claro. Por eso era tan necesario apostar por los verdaderos profesionales del sector y huir como de la peste de los parvenus y aprovechados. Y, en este sentido, el Ministerio de Industria ha demostrado sensatez, sensibilidad y visión de futuro. Claro que la dotación económica del plan podría ser superior —todo es mejorable—, como se lamentan algunos en una cierta sobreactuación; y claro que esta iniciativa por sí sola no será capaz de liquidar todos los problemas, obstáculos y desafíos que debe afrontar el sector. Pero negar de un plumazo que tendrá un efecto movilizador y transformador sería injusto.

El Perte persigue potenciar la diversificación y el desarrollo sostenible, tecnológico y digital de un sector clave; modernizar la cadena de valor; contribuir a formar y capacitar a más de 5.000 trabajadores; poner el foco en los buques de bajas emisiones y las energías renovables marinas. En conjunto, se pretende movilizar casi 1.500 millones, de los que 310 procederán del sector público.

Se trata de imprimir más velocidad a una industria que hoy emplea a más de 70.000 personas, factura más de 7.500 millones y que con una veintena de astilleros, una gran parte en territorio gallego, capaces de construir grandes buques sitúa a nuestro país como segunda potencia europea y novena mundial.

Los promotores del Perte, la sociedad Pymar, que agrupa a la práctica totalidad de los astilleros; Navantia y la tecnológica Siemens, han coincidido en que este plan supone “una oportunidad histórica para blindar el futuro del sector”. Es verdad que sus impulsores no han trabajado en soledad, sino que han contado con el apoyo de administraciones e instituciones y un conjunto de actores económicos y sociales, pero sin su empuje y determinación no hubiese salido adelante.

Estamos ante un triunfo colectivo que nos indica el camino a seguir en el imprescindible reto de reindustrialización. La crisis de los microchips y de las materias primas, sumada a la escalada energética, ha revelado con toda su crudeza la peligrosísima dependencia que tiene el continente de proveedores internacionales que se manejan por intereses con frecuencia ajenos a la economía.

Pero los Perte, regados con miles de millones europeos, serán la herramienta adecuada para la reindustrialización solo si se elaboran escuchando y atendiendo las demandas de las partes concernidas, en especial a las empresas, que son las que mejor conocen qué se necesita, cuánto, cómo y cuándo.

Por eso es vital que la letra pequeña del plan estratégico del automóvil, que aspira a movilizar 15.000 millones —3.000 públicos—, recoja los planteamientos de los fabricantes y los proveedores más relevantes. Si no es así, se corre el riesgo de estragar una ocasión histórica.

Pero la economía gallega aspira a sacar mucha más tajada de los Perte. Así en el de la salud de vanguardia, un plan ya aprobado, hay una veintena de proyectos que buscan su protagonismo; o en el de las energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento, en el que la candidatura galaica suma iniciativas por la friolera de 3.800 millones; o en el agroalimentario, en donde se presenta proyectos por mil millones; o en el de la economía circular, en el que la industria de la moda gallega tiene depositadas grandes esperanzas...

El anuncio de la llegada de los fondos europeos fue saludado como el advenimiento de un maná que permitiría rescatar a una economía destrozada por el impacto sanitario y económico y social de una pandemia brutal. Sin embargo, a medida que han ido pasando los meses ese sentimiento de euforia se ha ido desinflando. Las voces críticas, no solo políticas, no han dejado de escucharse. Y sus negros augurios aún no se han desvanecido. Al contrario.

No se puede perder más tiempo, bastante se ha desperdiciado ya. Deben ponerse en marcha los Perte para que la generación de riqueza, la transformación económica y la creación de empleo dejen de ser unos ideales, un conjunto de promesas biensonantes, para convertirse en realidades tangibles, medibles, cuantificables... Es decir, las realidades que de verdad le gustan a empresarios y trabajadores. Los verdaderos cimientos sobre los que se podría edificar la prosperidad de nuestro país.