Policía y ejemplaridad

Pero antes, y ya que estamos en este ámbito temático, déjenme que empiece este artículo con un cariñoso y agradecido recuerdo del que era jefe superior de Policía de Galicia, José Luis Balseiro, recientemente fallecido. Tuve la ocasión de, trabajando yo en el Ayuntamiento, compartir algunas reuniones y conversaciones con él sobre dos o tres asuntos complejos que afectaban a la ciudad y que implicaban derivadas tanto en el ámbito social como en el relativo a la seguridad ciudadana. Y, a pesar de sostener criterios y puntos de vista a veces distintos, siempre fue un placer trabajar con él y con personas de su equipo. Bien que se lamentan esas pérdidas que, supongo que por cuestión de la edad que uno va cumpliendo, parece que cada vez son más numerosas. Un abrazo, si me leen, para su familia.

Dicho esto, que es importante, vamos a la cuestión que nos ocupa. Y antes les diré que soy de los que creen que la Policía, todas las policías, han de basar su trabajo en su propia ejemplaridad. Si no es así, el daño que se puede hacer a la sociedad es incalculable. Y se lo digo yo, que tuve la ocasión de conocer otras realidades en terceros países, en los que la corrupción generalizada lastimaba a la praxis policial. Sin ir más lejos, nunca olvidaré una reunión con un fantástico embajador de España que me insistió en que, en el país donde él ejercía y yo residía temporalmente, jamás llamase a la Policía. Y, a cambio, me ofreció su teléfono personal, así como el de los servicios consulares. La Policía, en aquel contexto, suponía un problema, y nunca una solución. Y eso era uno de los principales problemas de aquella sociedad, afectando directamente a su calidad democrática.

Bien diferente es aquí la cuestión. Creo que todos los cuerpos y fuerzas de seguridad se han ganado, en general, una buena reputación basada en el servicio público y en el buen manejo de las acciones en las que se ven implicadas. Excepciones puede haber siempre, como en cualquier otro gremio. Al fin y al cabo, donde hay personas nunca se está completamente libre de posibles errores, abusos o comisión de irregularidades o hasta delitos. Pero existen mecanismos que, entiendo, son capaces de regular cualquier situación de este tipo. Un buen ejemplo de que las cosas generalmente funcionan es el acaecido en la Comisaría Provincial de Pontevedra, del que les hablaba al principio. Unas palabras absolutamente repudiables por parte de la entonces comisaria provincial de la Policía Nacional, “ya le gustaría a alguna mujer que le violase un UIP” (sic), provocaron su destitución fulminante. Como tiene que ser, sin paliativos. Porque por muy abultado que sea el currículo de alguien en cualquier puesto público, no puede cometer tal tipo de desliz. Triste es que piense de esa manera —y, sorprendentemente, siendo mujer—, pero resulta espantosamente intolerable que, aún encima, lo evidencie y haya quien se lo ría. Pero el Estado de Derecho ha funcionado, y la Dirección General de la Policía ha sido quirúrgica. En tal línea se expresaba el delegado del Gobierno, lo cual aplaudo. Porque hay cosas que, directamente, no pueden pasar.

Y es que es la Policía Nacional quien tiene competencias en materia de persecución de la violencia de género y de los delitos contra la mujer. De todo ello y, además, de la protección de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Si el más alto representante de tal institución en la provincia se ríe o frivoliza con ello, ¿qué nos queda? Lo sucedido es grave. Mucho, aunque se le quiera quitar hierro apelando a un contexto lúdico o festivo. Y esto porque es importante que la policía, todas las policías, sean impecables y ejemplares. En todos los aspectos.

Como en esto, en todo. Es fundamental que quien vela por la seguridad del tráfico solamente exceda los límites de velocidad cuando, indicándolo de forma conveniente y de forma muy excepcional, esté prestando un servicio urgente. Y, cuando no, que sean los primeros en asumir la norma. Es fundamental hacer las cosas bien. Ser correctos y, además, también evidenciarlo, cuidando la ejemplaridad absoluta de las instituciones del Estado y, muy especialmente, de las que protegen a la ciudadanía abordando los temas más delicados. Y una violación —un serio delito— no es ni un chiste ni un plato de buen gusto. En ninguna boca, pero mucho menos en la que ha de predicar con el ejemplo, porque se le ha encomendado el cuidado de todos y, especialmente en este caso, de todas. Y es que un mal chiste puede significar arruinar el trabajo de años de muchas personas comprometidas en un camino de servicio y ejemplaridad.