Los gobernantes españoles han demostrado tener una memoria selectiva, que atiende a unos o a otros dependiendo del rédito político que puedan obtener. Alientan la memoria y promueven el olvido, según convenga.
La memoria histórica de España exige un acto de reparación para la antigua colonia del Sahara Occidental, de la que sigue siendo potencia administradora porque, formalmente, ese territorio nunca fue descolonizado. El Sahara Occidental pasó a manos de España en 1884, con la Conferencia de Berlín, en la que las naciones europeas se repartieron el mundo; desde 1958 el Sahara e Ifni fue la provincia española número 53 y sus habitantes eran ciudadanos españoles a todos los efectos. En 1976, en una salida poco honrosa de su último reducto en África, España los dejó a merced de Marruecos y Mauritania. En 1991 la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario se interrumpió con el compromiso de las Naciones Unidas de organizar un referéndum sobre la autodeterminación y con España como garante. En 2020 se reanudó y continúa abierta.
El presidente Pedro Sánchez ha preferido olvidar el vínculo y la deuda histórica contraída con el Sahara Occidental al aceptar la autonomía y, por consiguiente, la soberanía marroquí sobre sus antiguos territorios y lo ha hecho aprovechando que, con el paso del tiempo, cada vez menos gente se acuerda de aquel pasado común. Sus antecesores y el resto de los mandatarios españoles, empezando por la cúpula del Estado, llevan años echando tierra sobre un asunto que no es fácil de solucionar, por las muchas implicaciones geopolíticas y económicas que tiene, aunque eso no debería ser excusa para asumir la responsabilidad que les corresponde.
La población saharaui no lo tiene tan fácil para olvidar, dispersada entre el exilio, los campos de refugiados en Argelia y la zona ocupada, donde vive bajo la vigilancia y la represión de las fuerzas de seguridad marroquíes, una situación denunciada reiteradamente por organizaciones como Amnistía Internacional y cuyo eco apenas llega a España y mucho menos en el resto de Europa.
Entre los activistas saharauis más castigados está Sultana Khaya, que preside la Liga de Defensa de los Derechos Humanos y contra el Saqueo de Recursos Naturales y que pertenece a la Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí, una organización constituida en 2020 para luchar por la libertad y la independencia del pueblo saharaui por medios pacíficos y legítimos.
Desde ese mismo año Sultana Khaya permanece en prisión domiciliaria en su casa de la pequeña ciudad de Bojador, en la costa atlántica. Sultana perdió un ojo al ser golpeada por un policía durante una manifestación de estudiantes saharauis, hace años; ella y su familia están sometidas a un continuo hostigamiento; ha denunciado violaciones y vejaciones reiteradas a ella, a sus hermanas y a su madre.
Sultana Khaya se ha convertido para los saharauis en un símbolo de resistencia y en el espejo en el que ven reflejada las humillaciones que les han sido infringidas en una larga agonía que dura más de 45 años.
