Hace ya años que se observa cómo en el ámbito de la política, aunque no solo, cada vez es más relevante la construcción de liderazgos sólidos que la articulación de propuestas ideológicas que contengan propuestas de articulación social bien de continuidad, bien alternativas a lo existente. Esta situación lejos de revertirse se agrava cada vez más con cada crisis. Aún es más, se podría añadir que una buena parte de esos liderazgos, los más fuertes, se han armado sobre la base de consignas nacional-populistas. Quizás el primer aviso de todo esto vino de la mano de las guerras yugoslavas en los años 90, donde la movilización de las partes se realizó sobre la base de la apelación al etnonacionalismo como único motor válido de construcción del Estado-nación. Se cumplen ahora 30 años del comienzo de la guerra en Bosnia y del sitio de Sarajevo y parece que poco se ha aprendido de aquello.
Justo en estos días se ha producido la revalidación de dos de estos liderazgos y lo han hecho por amplias mayorías, son los de Orbán en Hungría y Vucic en Serbia. En el caso de Vucic casi al 60% del voto emitido, en el caso de Orbán en torno al 54%. Los dos arrasaron a los partidos y plataformas de la oposición que perdieron apoyo popular de manera escandalosa.
Esta situación permite a Orbán y Vucic mantenerse un nuevo mandato en el poder y, además, legitimar todos los pasos dados hacia la construcción de democracias iliberales sostenidas sobre el legalismo autocrático. Este tipo de sistemas permiten la utilización de las normas legales para consolidar un poder político que trabaja en beneficio de sus propios intereses, tanto partidarios como personales.
Durante años, en Hungría y en Serbia, se ha procedido al desmantelamiento progresivo del Estado de derecho ante la mirada impasible de Bruselas y sus mecanismos correctivos. En un caso, desde dentro de la UE; en el otro, en el marco de la política de condicionalidad propia del proceso de ampliación. En ninguno de los dos casos este marco normativo ha funcionado.
En Hungría, Viktor Orbán ha ido revalidando su posición y se ha convertido en el primer ministro más longevo del Consejo Europeo en el que ahora cumple 12 años. Por su parte, Aleksandar Vucic lleva en puestos de poder desde 2014, primero como primer ministro y desde 2017 como presidente de la República de Serbia. Ambos han consolidado su poder sobre la base de un discurso profundamente nacional conservador e irredentista que ha podido sostenerse gracias a la creación de una red de intereses clientelares, nutrida, en gran medida, gracias a la recepción de fondos estructurales procedentes de la UE. Esto les permite controlar todos los resortes del Estado en lo que en ciencia política se denomina la captura del Estado y que consiste en infiltrar intereses partidarios en todos los niveles de la administración y poderes estatales, incluyendo, por supuesto, el poder judicial.
Pero estos países tienen algo más en común. Los dos han demostrado ser fieles aliados y socios del Kremlin dirigido por Vladímir Putin. De hecho, han sido de los pocos gobiernos que han mantenido abiertamente dicha cercanía incluso después de la invasión rusa de Ucrania. Así, el Gobierno serbio incluso reforzó las comunicaciones aéreas con Moscú durante las primeras semanas de la guerra, y Orbán ha utilizado un discurso sostenido sobre la alianza con Rusia como elemento de construcción de paz, pero también se presentan como diques frente a la radicalización de la política en sus países.
Si hasta el 24 de febrero esta situación suponía una confrontación muy clara en relación con las premisas marcadas por Bruselas en el ámbito del Estado de derecho, estas victorias plantean algunos dilemas, y no menores, sobre cómo debería establecerse la relación de estos dos países, especialmente en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. La actitud retadora de estos líderes tras sus incontestables victorias electorales pone a la UE frente a la disyuntiva sobre las medidas adoptar ya que las existentes hasta la fecha lejos de atajar las derivas autoritarias las han reforzado. Desde la UE se hace imprescindible una reflexión en torno a cómo abordar la crisis de unas democracias que hasta hace bien poco se consideraban indestructibles.
