Muchos de los vecinos de la entonces provincia del Sáhara poseían durante los últimos años del franquismo un DNI casi igual al de los demás españoles, salvo una mínima diferencia. Era bilingüe: en castellano y en árabe.
Ahí se conoce que el general Franco oficiaba en África como un progresista de ideas mucho más tolerantes que sus actuales seguidores. No se oponía el dictador a la convivencia de lenguas, cuando menos en el Sáhara, que a fin de cuentas no dejaba de ser una provincia española. Distinto era el caso de otras provincias con lengua propia, a las que el carné bilingüe tardaría aún años en llegar.
Una ley del año 1961 concedió a la provincia sahariana el derecho de representación en Cortes, lo que dotó de no poco exotismo y colorido a aquel Parlamento de broma. Los procuradores saharauis, con sus chilabas —o lo que fuesen sus largos ropajes— añadían un toque multicultural a la Cámara, para gozo de los fotógrafos.
Nada de eso impidió que el régimen perpetrase en sus años terminales la cesión a Marruecos y Mauritania de aquella provincia, incluyendo en el lote a los españoles algo más morenos avecindados en ella. Eran unos 70.000, de acuerdo con los censos tal vez no muy exactos de la época.
Los saharauis que hasta entonces disfrutaban la condición de súbditos españoles acreditada por su DNI rojigualdo, pasaron a ser marroquíes de un día para otro. Parece lógico que no todos estuviesen de acuerdo con ese súbito cambio de nacionalidad. Menos que ninguno, los dirigentes del Frente Polisario que, apoyados por Argelia, esperaban convertir su territorio en un Estado independiente de acuerdo con lo establecido por la ONU.
Fue la primera de las decepciones sufridas por los pobladores del Sáhara que tal vez confiasen en el papel de “potencia administradora” adjudicado a España por Naciones Unidas para su descolonización. Un rol al que la antigua metrópoli habría renunciado en 1976, según defiende el actual Gobierno.
Abandonados a su mala suerte por España hace casi medio siglo, los saharauis han vuelto a padecer ahora el desdén de la que un día fue su metrópoli y en realidad nunca ha dejado de comportarse como una madrastra de cuento.
Da un poco igual el régimen que opere en Madrid. Si a mediados de los años setenta los traicionó una dictadura, ahora es un gobierno democrático —y, además, progresista— el que ha cerrado la entrega a Marruecos.
Razones de orden geopolítico, que el corazón acaso no entienda, justifican al parecer la unilateral e inesperada decisión de Pedro Sánchez. El del otro lado del Estrecho es un vecino enredoso que, por si fuera poco, goza de las complacencias de los Estados Unidos en igual o mayor grado que España. Conviene, por tanto, llevarse lo mejor posible con Mohammed VI, aun a riesgo de hacer un papelón en la escena internacional.
Más que la falta de compromiso de España —aunque también—, el verdadero problema de los saharauis es que son muy pocos y pueden ser fácilmente usados como peones en las partidas de geoestrategia de las grandes potencias mundiales. En tales casos, no basta con llevar la razón. Ni siquiera les quedará el dudoso consuelo de haber sido provincia de un país de Europa, con carné —bilingüe— incluido.
