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La Opinión de A Coruña

Matías Vallés

Al azar

Matías Vallés

Felipe VI el ahorrador

¿En qué se parecen Felipe VI y Elon Musk, el hombre más rico del mundo? En que no tienen “propiedades inmobiliarias”, por utilizar la expresión que La Zarzuela ha adjuntado a la declaración de bienes del Rey. Por tanto, el nomadismo no establece un criterio de austeridad, sino un interrogante más sobre quién paga La Zarzuela, Marivent y demás. La rendición de cuentas regia, obligada por los desmanes de Juan Carlos I, se torna contraproducente porque no reclama transparencia sino todo lo contrario, visibilidad. El Jefe de Estado viene reinando desde la penumbra y reclama un lugar al sol de la actualidad.

En esta maniobra para recuperar el protagonismo sobresale la administración ejemplar de los ingresos. Si el Estado ahorrara en la gestión pública como su Jefe en la privada, España sería el país más rico del mundo. Los dos millones muy largos de patrimonio del monarca corresponden a más de la mitad de los ingresos que ha percibido durante el último cuarto de siglo, tras el abono además de los impuestos pertinentes. Para traducirlo al común, esa cifra equivale a que un trabajador con un salario medio hubiera ahorrado trescientos mil euros en idéntico lapso temporal. Es una pretensión absurda que no desacredita a los manirrotos españoles, sino que despoja de significado a la publicación del patrimonio regio. El rey conserva diez mil euros mensuales después de pasar por Hacienda, lo cual solo sirve para titularlo Felipe VI el Ahorrador y para entender su celo por conservar un puesto de trabajo con tantos complementos.

El esfuerzo de transparencia rueda por los suelos al comprobar que La Zarzuela comunica los datos patrimoniales a Vox, pero no a Podemos con la excusa de que ya se enterará por su socio de Gobierno. La deferencia hacia la extrema derecha contrasta con la exclusión deliberada en la transmisión de datos de Junts, Bildu, BNG, la CUP y Esquerra, que tiene trece diputados frente a los nueve de Ciudadanos. La Casa del Rey ha censurado a los partidos que no considera constitucionales además de expulsar a media Cataluña, curioso partidismo y flagrante ruptura del consenso posfranquista que aunaba a Fraga y Carrillo en un mismo proyecto de país.

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