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La Opinión de A Coruña

Belloch

tribuna

Juan Alberto Belloch

Exministro de Justicia e Interior

Margarita y las barricadas de papel

En el proceloso mundo de la investigación criminal sobreabundan las siglas y también la multiplicidad de los servicios que se cobijan bajo este epígrafe. Hay una división básica en todas las policías democráticas: la policía que actúa a raíz de la comisión de un delito para averiguar las circunstancias en que se produjo la posible autoría y por otro, la policía que actúa antes de su perpetración acumulando datos en determinados ambientes criminógenos, información que puede ser útil y necesaria para conocer futuras actuaciones delictivas evitándolas o disminuyendo sus efectos. A la primera generalmente se le llama Policía Judicial y a la segunda Servicios de Inteligencia. En España la labor de policía judicial viene desempeñada por los servidores de la Policía, Guardia Civil, Mossos de Esquadra y Ertzaina. Los Servicios de Inteligencia vienen constituidos por el CNI, pero también por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y el servicio de Información de la Guardia Civil .

El CNI se especializa en los grandes temas de Estado, en particular temas de interés general permanente como Marruecos, la guerra de Ucrania, terrorismo islámico y actividades separatistas cuando superan el marco constitucional. Así centrada la cuestión, cualquier persona razonable debería poder entender que los problemas que planteó el separatismo catalán inconstitucional declarando la independencia no fueron provocados por un “exceso” de información sobre los eventuales protagonistas del procés. Más bien al contrario, los problemas se originaron por falta o insuficiencia de tan relevante información, lo que determinó que el gobierno de Mariano Rajoy no tuviera los datos precisos para impedir la continuación del proceso.

Por ello si se quiere analizar críticamente el trabajo realizado por el CNI lo único razonable sería indagar sobre lo que pudo acontecer para que ninguno de los Servicios de Inteligencia del Estado detectara la gravedad de lo que estaba ocurriendo, algo verdaderamente sorprendente. Como mucho, podría abrirse una investigación en el interior del CNI siempre que no esté exenta de riesgos de vulneración de secretos a que están sometidos todos los funcionarios del centro. Si ese riesgo se materializara, se produciría un grave daño a la institución y con ello se debilitaría la defensa democrática de nuestro sistema. Ya están en riesgo otras instituciones del estado y sería de esperar que la clase política actuara con el mínimo de madurez intelectual y ética suficiente para evitar una crisis.

La única cuestión investigable en mi opinión, es determinar quién o quiénes son los autores de esta filtración que prima facie alimenta el victimismo independentista.

Según el clásico axioma deberíamos suponer que se reputa autor de cualquier filtración a quien se beneficia de ella, por lo que debería buscarse al culpable en las propias filas nacionalistas. Apoyaría tal hipótesis la evidencia de que, temas más importantes como epidemias, crisis y guerras, habrían desplazado el foco de atención de la cuestión catalana a un tercer plano de la actualidad.

Se trataría de volver a ocupar las “barricadas de papel”. Por decirlo todo, existe un contrargumento nada despreciable: tal proceder sería una conducta excesivamente lógica y coherente contra el Gobierno de España, como si de repente los Mossos de Esquadra hubieran decidido actuar conforme a los dictámenes de su propios servicios de inteligencia, hipótesis demasiado rebuscada, siquiera en su versión TBO. Lo más normal es que simplemente nos encontremos en un caso de incompetencia mezclado con dosis elevadas de corporativismo primario.

Señora ministra Margarita Robles, no estaría de más averiguarlo y evitarlo en el futuro. Por lo pronto y aunque esté pasado de moda de elogiar al Gobierno, he de confesar que en mi modesta opinión la ministra tiene razón. Desmantelar los servicios de inteligencia equivale a generar indefensión para todos y cada uno de nosotros, pues no se puede olvidar que las actuaciones del CNI están controladas judicialmente, por cuanto cualquier tipo de intervención que suponga limitación de derechos fundamentales (registro e inspección ocular, intervenciones telefónicas o seguimientos) necesitan de dicha autorización judicial expresa otorgada por un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Además, existe en el Congreso de Diputados una comisión de secretos oficiales. Que hayan pasado tres años sin que se reúna es responsabilidad exclusiva de los diputados que no han sido capaces de lograr la mayoría suficiente para hacerla efectiva.

Por todo ello, el CNI no debe cargar en este caso, con la responsabilidad.

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