El mundo no va bien (guerra de Ucrania, malas expectativas económicas). En España todo está centrado en el grave asunto del espionaje político a través del sistema Pegasus, una tecnología punta vendida por una empresa israelí solo a organismos estatales para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado.
Un informe de la universidad de Toronto, publicado por The New Yorker y esgrimido por el Gobierno catalán, afirma que el teléfono de unos 60 independentistas fue infectado por Pegasus. Y las sospechas apuntan al CNI, el contraespionaje español. El escándalo es mayúsculo porque espiar a los enemigos políticos con un sistema comprado para combatir el terrorismo es impresentable. El Gobierno lo ha negado —sin demostrarlo—, como tampoco está probada la culpabilidad del CNI.
Pero el asunto se enredó aún más porque la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la vez que negaba el espionaje masivo vino a confirmar una operación limitada y legal, con la preceptiva autorización de un magistrado del Supremo. Solo así se entiende su respuesta a una diputada: “Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien proclama la independencia, corta las vías de comunicación, provoca desórdenes públicos o tiene relaciones con dirigentes de un país que está invadiendo Ucrania”. Habrá que ver lo que explica Robles en el Congreso hoy, pero de momento uno de los activos del actual Gobierno —la desinflamación del conflicto catalán— está en peligro. Y la estabilidad de la ya poco estable legislatura está cuestionada porque ERC ha hecho del asunto un casus belli que la ha llevado a votar contra el decreto de medidas económicas (salvado por los votos de Bildu) y a exigir la dimisión de Robles como paso previo a todo.
El panorama ya era endemoniado pero el lunes por la mañana todo dio un giro, hacia una todavía mayor complicación, cuando el ministro Bolaños informó de que los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles también estuvieron infectados en mayo y junio del pasado año. Lo ha probado una investigación del Centro Nacional de Criptología, adscrito al CNI, tras el caso de los independentistas.
Que el teléfono de Sánchez estuviera infectado, sin haberse detectado en las periódicas revisiones, es preocupante. Y más cuando el ministro Bolaños dijo que el ataque era “exterior”, sin aclarar si ajeno a los servicios del Estado o de un país extranjero. Tampoco es el fin del mundo porque los teléfonos de Macron y varios de sus ministros fueron retirados hace un año tras saberse —sin confirmación oficial— que habían sido infectados por Pegasus. Y el de la cancillera Merkel fue visitado por la CIA cuando Obama era presidente. Se espió a la cancillera de uno de los principales aliados de América con un presidente liberal.
Nada en el espionaje es estético —excepto en las novelas de John Le Carré— y los casos españoles todavía menos. Lo más grave es que ahora amenazan —en un momento político y económico muy delicado— la estabilidad política.
Que Pere Aragonès exija la dimisión de Robles como paso previo a recuperar la confianza quizás es explicable. Pero que Pablo Iglesias, el exjefe de Podemos, el socio minoritario del Gobierno, también pida el cese de Robles, y el de Marlaska, por incompetencia es ya surrealista.
¿Qué consecuencias tendrá sobre la crisis con el independentismo el espionaje a Sánchez? Ya se sabe que “mal de muchos, consuelo de tontos”. Lo seguro es que Robles tendrá hoy en el Congreso una comparecencia a vida o muerte.
