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La Opinión de A Coruña

Belloch

Con la venia

Juan Alberto Belloch

Exministro de Justicia e Interior

Margarita y el soldado Sánchez

Es cierto que en términos de poder y al menos por ahora, Margarita Robles no ha sido lapidada en plaza pública ni fusilada al amanecer por el pelotón integrado por el único soldado Sánchez, pero le advierto desde este altozano con vistas... Margarita cuídate de los idus de cualquier mes venidero pues ese único soldado es perfectamente capaz de cometer un nuevo crimen, la lista de sus víctimas que ya parece interminable termina de momento con la defunción política de la veterana directora del CNI, Paz Esteban López. Se trata y no cabe engañarse, de un crimen político ejecutado con la frialdad propia de esta clase de delitos . Como diría un killer de película “no hay nada personal, es mi trabajo”. Pero resulta difícil creer que su deceso no sea parte del premio político exigido por el nacionalismo catalán y especialmente por ERC para poner fin a la crisis de confianza generada por el escándalo de las intervenciones telefónicas.

El problema radica en que no se ha formulado ni por la ministra de Defensa ni por el de Presidencia ni por cualquier otro miembro del Gobierno incluidos portavoces socialistas en Congreso y Senado, una tesis alternativa que pudiera explicar el cese de una manera razonable, la que en términos jurídicos debe ser entendida por un “buen padre de familia”. Es decir, por persona prudente y de buena fe. No solo resulta increíble sino que además da entender desagradablemente, que los ciudadanos somos menores de edad si es que desde el Gobierno se quiere transmitir que su versión de los hechos tiene alguna credibilidad. A Robles se le ha concedido, quizás como compensación, la posibilidad de proponer la identidad de la nueva directora del centro de Inteligencia. Oportunidad que la señora ministra ha sabido aprovechar a su estilo, proponiendo a su número dos en el Ministerio de Defensa y esta vez persona de su entera confianza. En términos de bambalinas políticas tal nombramiento pudiera indicar que la ministra mantiene su poder e influencia en el Consejo de Ministros. Sin embargo el nombramiento no resulta suficiente ni para mantener sus bazas (el soldado puede cambiar de opinión) ni para satisfacer las pretensiones de los separatistas (cada vez más audaces ) ni para garantizar su lealtad a la mayoría que hizo posible su investidura.

¿A qué obedece entonces este cese? La cuestión se ha complicado al observarse cómo en pocos días se ha pasado, modo Sánchez, del elogio sin fisuras a Paz Esteban a una tácita, que no expresa descalificación de su trabajo. Es evidente que en plena crisis y con las presiones y amenazas de retirar los apoyos parlamentarios caso de no producirse los ceses solicitados, no es éste el momento más adecuado para anunciar cambios en el CNI. Estamos ante una genuina cortina de humo para tratar de desviar la atención ciudadana sobre otras cuestiones importantes pero no tan urgentes. Por otra parte se trata de un fracaso previsible pues alguien no asesoró en su momento y con acierto a la ministra.

Un examen preliminar de lo acaecido sin perjuicio de su evolución, parece constatar que el motivo real del cese está en el hecho no demostrado ni quizás demostrable de que ese alguien “no informó a sus superiores de las escuchas efectuadas hace más de un año” al presidente, a dos ministros más, el intento fallido con el ministro de Agricultura, antiguo embajador de España en Marruecos. No se comprende cuál es el motivo de no haber concentrado las investigaciones en este punto, único extremo que podría sugerir un comportamiento irregular o negligente por parte de la exdirectora. Mientras no se acrediten estos extremos la conclusión es que no hay otro motivo para su cese que el de pagar el precio político exigido.

No puede minusvalorarse la importancia de lo ocurrido pues no se limita únicamente a las escuchas denunciadas, sino que tiene un trasfondo especialmente preocupante.

El verdadero objetivo de los nacionalistas es impedir que en el futuro puedan investigarse las conductas de aquellos quienes tienen como objetivo indisimulado, acabar con la integridad territorial de España por vías no constitucionales.

Conviene por ello no tener duda, de que el CNI tiene el derecho y también la obligación de controlar las actividades dirigidas a tal fin sin otro límite que el control judicial.

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