Dice Feijóo, el nuevo líder del Partido Popular, que los audios e informaciones que se están publicando estos días y que revelan comportamientos ilícitos por parte de algunos miembros de su partido “son ya de hace una década”, es decir, agua pasada. En eso Feijóo no se diferencia de su predecesor en el cargo, el autodestituido Pablo Casado, que cada vez que le preguntaban por la corrupción en su partido guardaba silencio porque consideraba, y así lo declaró más de una vez, que era algo “del pasado”.

Las noticias que está publicando en estos días El Periódico de España y Prensa Ibérica, así como los audios de El País que le fueron requisados al famoso comisario Villarejo por sus compañeros de la policía en el registro de su domicilio y lo que demuestran es que las sospechas que todos teníamos, incluidos los jueces que tuvieron que archivar varios procedimientos de instrucción abiertos a antiguos dirigentes del Partido Popular por falta de pruebas, estaban fundadas, pues son estos con su voz los que relatan sus actividades. Por qué se publican ahora esas grabaciones y si los jueces instructores tuvieron acceso a ellas o no es algo que se tendrá que explicar, pero lo que está fuera de toda duda es que en los años de gobierno de Rajoy la corrupción no fue algo excepcional en su partido sino la práctica habitual por parte de varios de sus dirigentes.

El argumento de que la corrupción pertenece al pasado (“una década ya” en palabras de Feijóo) no se sostiene políticamente, puesto que si, cuando se conoce, se apela a la presunción de inocencia de los implicados y se reclama esperar a la sentencia de un juez para intervenir y, cuando por fin se produce ésta (o aparecen pruebas incontestables como ha sucedido ahora), se considera que ya no es el momento para ello porque ha pasado el tiempo, ¿cuándo se va a reprobar políticamente a unas personas a las que sus propias voces identifican y dejan en evidencia?

Otro argumento que se utiliza para contrarrestar las pruebas (los audios de Villarejo o el contenido de sus agendas, en este caso) es que se publicitan en el inicio de una campaña electoral, concretamente la de Andalucía. El argumento es recurrente y se anula por sí solo, puesto que en España cada poco hay una elección en marcha, por lo que difícilmente se podrían publicar nunca.

Para el Partido Popular, en todo caso, parece evidente, a juzgar por su actitud, que nunca es buen momento para aclarar sus casos de corrupción, como tampoco lo es para solucionar otros problemas del país, como la renovación del órgano supremo de los jueces (esos que les han de juzgar a ellos), o nuestras cuentas pendientes con la historia, como ya vimos con la exhumación de las fosas comunes de la guerra o la del propio Franco del Valle de los Caídos. Nunca era el momento de abordarlas. O porque había cosas más importantes que hacer o porque había que mirar al futuro.

Pasan los años, se suceden al frente del Partido Popular los líderes, unos mejores y otros peores, pero todos tienen algo en común: que a la hora de dar explicaciones de su comportamiento como partido o del individual de algunos de sus dirigentes, tienen siempre una excusa a punto como esos malos pagadores a los que cada vez que se les reclama una deuda encuentran una razón para no saldarla.

La deuda del Partido Popular con la sociedad española es ya tan grande, no obstante, que sobrepasa su capacidad de aguante y solo podrán quitársela de encima reconociendo que durante años su comportamiento no ha sido ejemplar y el de muchos de sus dirigentes menos. Da igual el tiempo que haya pasado.