Leía el otro día en las páginas interiores de El País una noticia según la cual España ha negado la entrada a un grupo saharaui que solicitaba protección en nuestro país.
A uno de ellos se le reconoció la condición de apátrida y también se permitió a una mujer tramitar aquí su protección internacional mientras que al resto le fue denegada tal posibilidad.
Algunos de los saharauis comenzaron una huelga de hambre en el aeropuerto de Barajas en protesta por el intento de las autoridades españolas de enviarlos de vuelta a La Habana, de donde habían partido.
Los saharauis eran, según la información, residentes de los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia, desde donde habían viajado a Cuba tras una escala en Estambul, y, aprovechando que en el vuelo de regreso, el avión hacía escala en Madrid, decidieron pedir asilo aquí.
Es una noticia que le revuelve a uno el estómago cuando piensa en el contraste entre el trato reservado a los saharauis, un pueblo cobardemente abandonado por España a raíz de la Marcha Verde marroquí, y el que por fortuna se depara a los ucranianos.
¿No se trata de ambos casos de la invasión ilegal de un territorio? Y sobre todo, no tiene España en el caso de los saharauis una responsabilidad especial por no haberlos defendido en su día, con Franco ya agonizante, de la rapiña del reino de Marruecos?
¿O es que el trato que damos a los solicitantes de asilo va a depender del color de la piel o de los ojos, de la mayor o menor antipatía que nos produzca el opresor, de los intereses geopolíticos o económicos del momento, y no de la gravedad de la situación en que aquéllos se encuentren o de nuestra responsabilidad en la suerte que corren?
España, reconocía en el mismo periódico la representante en nuestro país de la Agencia de la ONU para los Refugiados, “ha tenido una reacción mejor y más rápida” que otros a la hora de dar acogida a los ucranianos huidos de la guerra en su país.
Naturalmente ha contribuido a ello la abrumadora cobertura que han hecho de la invasión de Ucrania los medios de comunicación de todo el mundo, incluidos los nuestros, y que contrasta con la general indiferencia ante otros dramas que afectan a no europeos.
¿No tienen razón quienes en los países del mundo en desarrollo critican esa enorme diferencia de trato según se trate de europeos o de gente de piel más oscura como los saharauis, los yemeníes, los iraquíes, los libios o sirios y, por supuesto, todos los subsaharianos?
¿No nos estamos comportando en el fondo como esos xenófobos a quienes con toda razón diariamente criticamos?
Y sobre todo, ¿no es puro cinismo la actitud mostrada por nuestro Gobierno en este y otros casos relacionados con esa monarquía feudal al otro lado del estrecho por la que tanto interés muestran tanto París como Washington, aliados nuestros en la OTAN?
Según la directora de políticas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, es “probable” que a los saharauis de Barajas se les reconozca finalmente la condición de “apátridas”, pero eso significa que no podrán pisar suelo español mientras se tramita ese expediente. “Vergogna!”, que diría un italiano.
